Bruselas obliga a España a recuperar 167 millones de euros concedidos a Correos

El operador publico estaba obligado, tras el acuerdo con el Estado, a prestar sus servicios en todo el país y a precios asequibles.

España debe recuperar 167 millones de euros de los que Correos se benefició entre los años 2004 y 2010, antes de que el mercado fuera completamente liberalizado en el año 2011. La Comisión Europea, tras haber emprendido una investigación, concluyó ayer que el operado público español recibió una compensación excesiva durante este periodo de tiempo por la prestación del servicio postal universal obligatorio. Además, también durante este lapso de tiempo, Correos se benefició de una serie de exenciones fiscales incompatibles con la legislación comunitaria.

El operador publico estaba obligado, tras el acuerdo con el Estado, a prestar sus servicios en todo el país y a precios asequibles. Esto también incluía un número de entregas semanales. La normativa europea permite que las empresas que prestan este tipo de servicios reciban ayudas públicas para compensar el sobrecoste, siempre que esta compensación no sea excesiva y perjudique a otras empresas competidoras, lo que constituye un falseamiento de la competencia.

Tras haber finalizado su investigación, el ejecutivo comunitario considera que Correos recibió una compensación excesiva valorada en 166 millones de euros y que las exenciones fiscales específicas ascienden a 900.000 euros. El ejecutivo comunitario también ha analizado otras dos medidas de apoyo de las que Correos fue beneficiaria, pero la Comisión Europea ha concluido que estas ayudas no incumplen la legislación europeo. El operador público recibió aportaciones de capital entre 2004 y 2006 con las mismas condiciones que un inversor privado, lo que no constituye una ayuda pública a ojos de la Comisión Europea. Bruselas también ha examinado la compensación concedida a Correos a cambio de su reparto de la propaganda electoral desde 2004. Como este compromiso es anterior a la entrada de España en la Unión Europea, Bruselas considera que esta transacción tampoco resulta incompatible con la legislación comunitaria. Se trata de una ayuda “existente”, pero no recuperable.

La recuperación de las ayudas públicas consideradas ilegales no implica el pago de multas y no castiga a las empresas concernidas. Con esta medida, el ejecutivo comunitario pretende “restablecer la igualdad de trato”