Bruselas pide a España un presupuesto lo antes posible con 5.000 millones de ajuste

Tal y como adelantaba LA RAZÓN la pasada semana, la Comisión Europea ha exigido a España que presente tan pronto como sea posible, una vez haya un nuevo Gobierno, un presupuesto completo que incluya medidas para reducir su déficit público al 3,1 % del PIB.

La Comisión Europea (CE) ha exigido a España que presente tan pronto como sea posible, una vez haya un nuevo Gobierno, un presupuesto completo que incluya medidas para que el país cumpla el año que viene con su objetivo de reducir su déficit público al 3,1 % del PIB.

"Buscamos una reconfirmación por parte de las autoridades españolas en los próximos días respecto a que el gobierno entrante, tan pronto como sea posible después de asumir el cargo, presentará un proyecto de plan presupuestario actualizado", afirma la CE en una carta enviada a Madrid.

En la misiva, firmada por el vicepresidente de la CE para el Euro, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, se recuerda que las cuentas sin cambios enviadas por el momento a Bruselas no incluyen nuevas medidas presupuestarias debido a que el actual Gobierno en funciones no tiene poderes para ello.

No obstante, ambos advierten de que aunque el Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy prevé cumplir con el objetivo de reducción del déficit para este año bajándolo dos décimas por debajo del 4,6 % comprometido, en el próximo ejercicio el desvío se quedará medio punto por encima de lo deseado, en un 3,6 %.

Estos 0,5 puntos porcentuales de diferencia suponen unos 5.000 millones de euros.

Moscovici y Dombrovskis subrayan que "tampoco está asegurado aún el cumplimiento del esfuerzo fiscal recomendado".

"Esto podría suponer riesgos para la corrección a tiempo y (de forma) permanente del déficit excesivo para 2018", según la carta, año en el que España debe reducir su desvío por debajo del límite del 3 % del PIB marcado por las normativas comunitarias.

Además, los representantes comunitarios recalcan que el borrador presupuestario enviado a Bruselas por España "no contiene una serie de elementos obligatorios".

Por ello, piden que el nuevo Gobierno envíe su presupuesto completo tan pronto como le sea posible una vez comience su andadura a la misma CE y al Eurogrupo, que además "asegure el cumplimiento con los objetivos"de reducción del déficit marcados al país.

La CE también ha enviado distintas misivas a Italia, Portugal, Lituania, Chipre, Bélgica y Finlandia para mostrarle su preocupación ante los proyectos presupuestarios presentados antes del pasado 15 de octubre, dentro del proceso de vigilancia fiscal que lleva a cabo Bruselas.

Tras eludir en verano una multa por haber incumplido con sus objetivos de reducción del déficit del año pasado, España se comprometió ahora a reducir su déficit este año al 4,6 % del PIB, el próximo al 3,1 % y el siguiente, al 2,2 %.

El país también está pendiente de que Bruselas tome una decisión sobre la congelación de sus compromisos de los fondos estructurales y de inversión para 2017, como penalización por su anterior incumplimiento, para lo que el Gobierno ha presentado unas medidas con las que espera evitar el castigo.

Tal y como informó LA RAZÓN la pasada semana, la Comisión Europea había respondido hasta ahora con resignación al largo impasse institucional vivido en nuestro país, que ha impedido la elaboración de nuevos presupuestos para el año 2017 con el ajuste de 5.000 millones de euros comprometidos con nuestros socios europeos.

Sin embargo, ya adelantábamos que Bruselas estaba dispuesta a marcar el camino de manera firme al próximo Gobierno y estrechar la presióncon un toque de atención en forma de misiva, que es lo que finalmente ha ocurrido, después de que España tan sólo haya presentado una prórroga de los presupuestos de este año que deja para más adelante los posibles ajustes y recortes.

Según establece la legislación comunitaria, «en casos excepcionales» el Gobierno comunitario puede «consultar al Estado miembro en el plazo de una semana a partir de la fecha de presentación del proyecto del plan de presupuestario». Si Bruselas constata un incumplimiento «especialmente grave» puede adoptar un dictamen en el plazo de dos semanas a partir de la fecha de presentación de las cuentas públicas del país en el que pida enmiendas en las mismas. Un requerimiento que el Ejecutivo en funciones no podría asumir debido a su situación de interinidad.

Estrechar el cerco

En el caso español, el Gobierno en funciones presentó la prórroga de los presupuestos españoles el pasado viernes tras la reunión del Consejo de Ministros y remitió el documento a Bruselas el sábado, pocas horas antes de que expirase el plazo límite marcado del 15 de octubre.

La carta que ha recibido el Gobierno español es gesto con un valor más de carácter político que legal, ya que el Gobierno en funciones está atado de pies y manos para responder de manera rápida a las posibles peticiones de Bruselas de realizar más ajustes.

Luis de Guindos se mostró optimista la semana pasada con poder enviar un borrador de presupuestos con ajustes por valor de 5.000 millones antes de finales de año. El plazo previsto en las leyes europeas establece el 30 de noviembre como fecha límite para que la Comisión Europea haga público un dictamen sobre los presupuestos nacionales de las capitales europeas, aunque puede haber excepciones. El año pasado, el Gobierno luso recién elegido en las urnas, tardó tres meses en enviar las cuentas definitivas a Bruselas y el dictamen final del ejecutivo comunitario no se produjo hasta el 5 de febrero.

La sombra de Dijsselbloem

En el caso español, esta misiva serviría para dejar claro que Bruselas perdona pero no olvida. El pasado mes de julio, nuestro país consiguió sortear una multa de 2.000 millones de euros por el derrape presupuestario del año 2015. En caso de reincidencia, esta cantidad podría aumentar hasta los 5.000 millones El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, el pasado lunes dejó claro que esta bula temporal sigue levantando ampollas. El político holandés pidió a nuestro país que antes de elaborar sus cuentas públicas las«verificase» adecuadamente y recordó que «incluso si el Gobierno español envía un presupuesto sin cambio de política, la Comisión tiene que dar su veredicto». En la misma línea, el Comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, recordó que el objetivo de déficit público del 3,1% del PIB para el año 2017 debe cumplirse a rajatabla, lo que supone un ajuste de 15.000 millones.

Bruselas también tiene pendiente resolver la propuesta de congelación de fondos europeos para nuestro país a partir del año que viene, pero los intentos del Parlamento Europeo para frenar esta decisión están retrasando esta iniciativa. Un movimiento por parte de la Eurocámara que tampoco gusta al ala dura del ejecutivo comunitario.