Alerta entre los productores: la pechuga de pollo a 20 euros el kilo es posible

Nueva alerta por el precio de los alimentos. A la larga lista de productos de la cesta de la compra que han disparado su precio en el último año, se ha sumado ahora la carne de pollo, uno de los alimentos esenciales en la dieta de las familias españolas. La Asociación Interprofesional de Carne Avícola (Avianza) avisa de las consecuencias que pueden derivar de la revisión de la Ley de Bienestar Animal que ha desarrollado la Unión Europea y por la que predicen que el pollo pasaría a ser unproducto de lujo para la mayoría de españoles. Desde la asociación coinciden con la valoración realizada por la Coordinadora de Organización de Agricultores y Ganaderos (COAG) sobre el precio de la carne de este animal, el cual se triplicaría, hasta poder alcanzar los 15 o 20 euros el kilo de pechuga.

La inflación de los alimentos no logra bajar del 10% desde marzo de 2022. En septiembre se encareció otro 10,5%, teniendo un gran impacto en la cesta de la compra. En tasa interanual (septiembre de 2023 sobre el mismo mes de 2022), los alimentos que más han subido de precio son el aceite de oliva (+67%, la mayor subida en 21 años); el azúcar (+40,5%); las patatas (+20,5%); el arroz (+18,5%) y los productos de confitería (+18,2%). En el caso del aceite de oliva, se ha incrementado su precio un 10,1% en septiembre de este año respecto al mes de agosto y su coste se ha multiplicado por más de dos desde marzo de 2021, con un alza del 136,6%.

En la misma línea, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya destacó que el pescado, la carne -incluida la de pollo- y el aceite de oliva son los alimentos más penalizados. Concretamente, la compra de pescado ha disminuido en mayor o menor medida para el 60% de los encuestados, seguido por la carne (54%) y el aceite de oliva (53%). Y no sólo eso. El 50% de los encuestados reconoce que ha tenido que disminuir más o menos la compra de fruta y verdura fresca, mientras que un 30% reconoce que ha limitado la adquisición de lácteos.

En este contexto, Jordi Montfort, secretario general de Avianza, asegura que la mencionada revisión de la normativa de la Comisión Europea ocasionaría que el 30% de la población en riesgo de pobreza que establece la OCDE tuviera que disminuir la mínima cantidad de ingesta (dos veces por semana de media) de proteínas de alta digestibilidad, como es el caso de la proteína de origen animal, donde se incluye la carne de ave.

Otra de las consecuencias de la aplicación de esta ley, y la cual tendría un mayor impacto según Montfort, sería la reducción de casi un 30% de la actual superficie que tienen las granjas. Así, sólo permanecerían 3.592 granjas útiles de las casi 5.000 que se encuentran disponibles. Por lo tanto, tendrían que construirse cerca de un 73% más de naves con el fin de compensar y suministrar al mercado, lo que supondría una inversión de 1.800 millones de euros y una disminución en la población de las zonas rurales, puesto que, "ante la imposibilidad de producir por falta de rentabilidad, no habrá granjeros".

Además, tal y como ya advirtió COAG, para las granjas de tamaño medio esta adaptación de la normativa implicaría un coste adicional de casi un millón de euros en avicultura de carne y de más de 500.000 euros en porcino, provocando prácticamente el cierre del 95% de las granjas cunícolas.

Igualmente, para Monfort esta revisión de la ley acabaría con los progresos conseguidos en cuanto a los cambios de genética, el cual habría hecho al sector aumentar su productividad y dar garantías en seguridad alimentaria. También advierte de que, como consecuencia de esta situación, los animales tendrían que permanecer más tiempo en las granjas, perdiendo un ciclo al año y aumentando costes, tanto para el pienso y agua como para el suministro de electricidad o gas. Incluso conllevaría un incremento de emisiones, por lo que no sería una medida sostenible con el medio ambiente.

En la organización consideran que la UE quiere aplicar esta normativa sin haber consultado a los sectores involucrados y, en lo que respecta a bienestar animal, defienden que son ellos los más interesados en que sus animales estén bien, ya que si no es así el animal no produce, no sería sostenible.

También denuncian la gran falta de rigor técnico de campo que según ellos existe en puntos de dicha norma, al no incluirse el conjunto de garantías disponibles en materia de bienestar animal actualmente. "En España se cumplen por encima de la normativa vigente muchos temas de bienestar animal analizados y, además, se certifican".