Glovo comienza a cerrar cuentas de repartidores irregulares tras la última multa de 57 millones impuesta por Trabajo

Glovo se ha puesto manos a la obra para atajar el problema de trabajo irregular de extranjeros sin permiso de trabajo que le ha costado una nueva sanción. La plataforma de las mochilas amarillas ha comenzado a cerrar cuentas de repartidores por “incumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social”, es decir, por no estar dados de alta como autónomos. Así lo ha comunicado la compañía a decenas de “riders” en los últimos días. Estos cierres de cuentas se producen apenas un par de semanas después de que la Inspección de Trabajo multase con 57 millones a Glovo por empleo de falsos autónomos y por empleo irregular. En concreto, del total, 5,2 millones corresponden a trabajo irregular de personas extranjeras sin el correspondiente permiso de trabajo, una medida que afecta a 813 personas.

El problema del trabajo irregular de personas extranjeras viene de largo. Un porcentaje sin determinar de los “riders” son inmigrantes sin papeles subcontratados por otras personas que tienen varias cuentas en plataformas de reparto y que se quedan con un porcentaje de las ganancias. En los casos más dramáticos, los propietarios cierran las cuentas y no les pagan el porcentaje correspondiente a los repartidores. Para acabar con estas irregularidades, Glovo ya ha comenzado a desactivar directamente las cuentas de repartidores que no están dados de alta en la Seguridad Social. Para detectar cuentas alquiladas a inmigrantes ilegales, la compañía está implementando un nuevo sistema de verificación facial con el que espera eliminar de raíz esta disfunción. La nueva versión del sistema de biometría está siendo probado en una muestra de repartidores durante dos semanas, se realizarán las mejoras pertinentes y se implantará de forma generalizada. LA RAZÓN ha contactado con Glovo pero la compañía ha preferido no hacer declaraciones sobre la medida. Cabe señalar que, desde 2019, Glovo venía solicitando los recibidos de las cuotas de la Seguridad Social a repartidores al azar por correo electrónico y si alguno había operado sin estar dado de alta se le suspendía la cuenta. Por lo tanto, el cierre de cuentas fraudulentas ya era una proceso habitual, aunque los “riders” han detectado un repunte de cierres en las últimas semanas.

La reciente sanción de 57 millones responden a dos irregularidades. Por un lado, 7.022 faltas de alta de trabajadores en la Seguridad Social por una cuantía de 32,9 millones de euros a los que se suman el acta de liquidación, que responde a la falta de cotización de esos trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social y que asciende a 19 millones. Además, la compañía ha sido sancionada con otros 5,2 millones por trabajo irregular de personas extranjeras sin el correspondiente permiso de trabajo, una medida que afecta a 813 personas. Unos meses antes, en septiembre de 2022, Trabajo multó a Glovo con casi 79 millones de euros (cuotas a la Seguridad impagas y sanción) por operar con falsos autónomos y fue obligado a regularizar la situación de 10.600 trabajadores de esta empresa. No obstante, el periodo inspeccionado por esta sanción va desde el año 2018 hasta el 11 de agosto de 2021, justo antes de la entrada en vigor de la “Ley Rider”, que reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores de los repartidores de plataformas digitales. Así, la plataforma de las mochilas amarillas acumula 205,3 millones de euros en multas en España que afectan a 37.348 trabajadores.

El Gobierno parece no estar dispuesto a dejarle pasar ni una irregularidad más a Glovo, ya fuera antes o después de la “Ley Rider”. En ese sentido, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por Yolanda Díaz, prepara un nuevo escrito contra Glovo basado en la nueva redacción del artículo 311 del Código Penal, para castigar los incumplimientos reiterados de requerimientos realizados por la Inspección de Trabajo. El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, explicó recientemente que el Ministerio ya trabajó en enviar esas conductas a la Fiscalía pero, ante la modificación de algunos artículos del Código Penal, decidió presentar un nuevo documento sobre la base de la nueva legislación penal. El nuevo texto contempla que será castigado con la pena de prisión de “seis meses a seis años” a quienes “impongan condiciones ilegales bajo fórmulas ajenas a su contrato de trabajo”. Mientras que la compañía de reparto alega que, ante la nueva reforma el Código Penal, las sanciones impuestas antes no pueden aplicarse con carácter retroactivo, Pérez Rey manifestó que “es vidente que las leyes penales no son retroactivas”, pero aclaró que la nueva redacción del artículo 311 “es muy clara” y castiga “los incumplimientos reiterados posteriores a una exigencia o reclamación por parte de la Inspección de Trabajo”.