Glovo anuncia el despido de 250 empleados, el 6,5% de su plantilla

Los despidos de las empresas tecnológicas contagian a Glovo. La empresa de reparto a domicilio ha anunciado este lunes el despido de 250 trabajadores, el 6,5% de la plantilla, una decisión que la dirección lamenta aunque considera que es “necesaria”. En un comunicado dirigido a los trabajadores, el cofundador y consejero delegado de la firma con sede en Barcelona, Óscar Pierre, asegura que este recorte de personal “no estaba en los planes hace seis meses”. “La decisión de despido afecta en gran medida a la sede de la compañía en Barcelona en áreas como las de soporte comercial, contratación y datos”, añade el máximo directivo de esta compañía.

Fuentes de la empresa consultadas por EFE han cifrado en unas 140 personas las que se prevé despedir en la sede central, ubicada en la capital catalana. Han precisado, asimismo, que en el caso de España se iniciará un ERE, si bien las salidas no se limitarán a este país y pueden afectar a trabajadores de Glovo en hasta 25 países. En todos los casos, quedan excluidos de los despidos los repartidores, aunque la mayoría son de por sí autónomos, y los trabajadores de supermercados.

“Hemos tratado de evitar los despidos a toda costa mediante la evaluación de varios escenarios, la reducción de costes y la mejora de la eficiencia económica durante los últimos nueve meses para allanar el camino a seguir”, ha indicado Pierre en el comunicado dirigido a los trabajadores. Pese a estos esfuerzos, la dirección atribuye su decisión al “contexto internacional de las plataformas tecnológicas y la nueva realidad pospandemia”.

Óscar Pierre detalla en su comunicado que la compañía lleva creciendo desde 2015 a dos o tres dígitos. “Cuando creces tan rápido, es necesario escalar el equipo lo más rápido posible para hacer frente a la situación. Y aunque siempre hemos sido frugales en nuestros gastos y en la forma en que administramos nuestros costes operativos, nuestro rápido crecimiento en consecuencia creó ineficiencias en nuestras operaciones”, explica.

La compañía, actualmente controlada por el grupo alemán Delivery Hero, planeó corregir esas ineficiencias durante 2023. La marcha del negocio durante 2022 fue constante y positiva durante los primeros tres trimestres del año, superando los objetivos de crecimiento marcados. “Estos resultados nos hicieron optimistas sobre nuestras previsiones para 2023. Sin embargo, en octubre, comenzamos a ver una desaceleración en nuestras tasas de crecimiento anual principales”, afirma el CEO de Glovo.

El directivo apunta que los resultados de otras empresas del sector delivery también muestran una desaceleración de la demanda en el cuarto trimestre, lo que confirma que los factores externos están afectando el desempeño de la industria. En concreto, Óscar Pierre achaca estos malos resultados del sector a “la situación macroeconómica actual, con tasas de interés e inflación en aumento”, que reduce “el poder adquisitivo de los consumidores” y, en consecuencia, algunos optan por pedir con menos frecuencia. Aunque la compañía todavía espera un fuerte crecimiento de dos dígitos para 2023, “con tanta incertidumbre económica en el futuro a corto plazo”, Glovo ha optado por recortar empleos para mantener sus costes bajos.

Los despidos se anuncian tras la nueva multa de 57 millones

Estos no son los únicos frentes abiertos de Glovo. En España, el incumplimiento de la “Ley Rider”, manteniendo a la mayoría de su flota de repartidores como autónomos, le ha costado a la compañía de las mochilas amarillas 205,3 millones en multas, de los que 125,3 millones corresponden a actas de infracciones y 80 millones de euros a actas de liquidación. En total, los trabajadores afectados por incumplimientos de la plataforma de reparto ascienden a 37.348, si bien todas estas sanciones están relacionadas con procesos anteriores a la entrada en vigor de la citada ley.

Hace menos de una semana, la plataforma de las mochilas amarillas recibió una nueva sanción de la Inspección de Trabajo por valor de 57 millones de euros. Según el Ministerio de Trabajo, la sanción se debe a empleo de falsos autónomos y trabajo irregular de personas extranjeras. En concreto, las propuestas de sanción responden a dos irregularidades. Por un lado, 7.022 faltas de alta de trabajadores en la Seguridad Social por una cuantía de 32,9 millones de euros a los que se suman el acta de liquidación, que responde a la falta de cotización de esos trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social y que asciende a 19 millones. Además, la compañía ha sido sancionada con otros 5,2 millones por trabajo irregular de personas extranjeras sin el correspondiente permiso de trabajo, una medida que afecta a 813 personas.