Gobierno y sindicatos radicalizan su ataque a las empresas: achacan la subida de precios a “sus beneficios” y exigen multas

Gobierno y sindicatos redoblan sus ataques contra las empresas españolas y sus beneficios. “Con los últimos datos del IPC, y en algunos sectores, como en la alimentación, está claro que alguien aquí que se está forrando”. Así ha justificado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el último ataque frontal contra las empresas tras conocer el último repunte de los precios de los alimentos, hasta el récord del 15,7% de diciembre, y de la inflación subyacente -la que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos-, que cerró 2022 en el 7%. Sin dudarlo, la ministra señaló a los supermercados como responsables directos de esta situación. “Esta subida se explica por los beneficios de las empresas”, espetó.

También recalcó en las Jornadas Confederales de UGT que no se puede seguir admitiendo que las empresas “sigan engrosando sus beneficios a costa de los salarios y del esfuerzo de los trabajadores. Estamos en una crisis y va de quién aporta, que la crisis no se salde a costa de los que menos tienen, tiene que saldarse por arriba. No se puede admitir, y se está demostrando, que una parte de la inflación subyacente se explica solamente por esto, por los beneficios de la empresas y, como país, no puede seguir pasando”.

Asimismo, aprovechando la coyuntura de estar en un foro sindical, la ministra de Trabajo ha aprovechado para volver a reclamar una subida de sueldos acorde con la situación inflacionaria y ha advertido de que la devaluación de los salarios mientras los beneficios empresariales aumentan es “un error económicamente”, aunque admitió que con un IPC del 5,7% en diciembre, “España tiene la menor inflación de Europa”, pero lo achacó únicamente a “todos los esfuerzos para reducir los grandes problemas” de la economía. Para Díaz, el hecho de que el precio de los alimentos se haya disparado casi un 16% hace “imposible” que una familia pueda hacer la cesta de la compra, por lo que ha defendido la necesidad de seguir trabajando desde el Gobierno y “dar un paso más” para ayudar a las familias.

En términos incluso más feroces, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido al Gobierno y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que intervengan y establezcan multas “disuasorias” a empresas de distribución y petroleras para que “no sigan robando” a los consumidores. El líder sindical ha cargado directamente contra las empresas de distribución, a las que ha señalado como “culpables” de la subida imparable de la cesta de la compra, que “está absolutamente fuera de control, pero no porque suban en origen, sino por la especulación de la distribución. Están chupando los beneficios de los productores y a la vez aumentan los precios a los ciudadanos”.

En un ataque desaforado, Álvarez ha considerado “absolutamente escandaloso” que la rebaja del IVA no se esté reflejando en los precios al consumidor. “Tiene que haber instrumentos que nos permitan acabar con los oligopolios”. Y ha rematado sus palabras con un recadito al Gobierno: “La rebaja del IVA de los alimentos básicos es penosa porque trata a todas las rentas por igual. Y es absolutamente escandaloso que esta rebaja no se esté reflejando en los precios al consumidor y que se diga que esto se va a perseguir pero no de qué manera se va a hacer”.

También tuvo madera que quemar para las compañías petroleras, a las que acusó de elevar los precios de los carburantes tras acabar la ayuda de 20 céntimos pese a la bajada del petróleo. Por ello exigió a la CNMC intervenir e imponer sanciones que realmente sean “disuasorias contra esas prácticas”, porque las actuales “tienen un valor tan escaso que les sale a cuenta seguir robando a los consumidores”. Al igual que Díaz, para Álvarez las empresas son responsables directas de “una parte importante” de la subida del IPC en 2022 porque han subido los precios para obtener mayores ganancias.

En la misma línea, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, ha afirmado vía Twitter que los beneficios de las compañías “están enquistando una inflación que deteriora los salarios reales”, motivo por el que pide “contener precios y mejorar salarios”.

No opina lo mismo la CEOE, que en un comunicado aseguró que “en este contexto, resulta especialmente relevante evitar un escenario en el que los aumentos de los precios y los salarios se retroalimenten entre sí, para no producir efectos de segunda ronda que nos lleven a una espiral inflacionista”. La patronal señaló en un comunicado que “comienza a observarse una significativa moderación del ritmo de avance de los precios de los productos energéticos y también continúan desacelerando los precios de los alimentos no elaborados, lo que obedece a unas menores tensiones sobre los precios de las materias primas en los mercados internacionales”. No obstante, avisa de que la prolongación de la guerra en Ucrania y otros problemas de suministro pueden seguir condicionando la evolución de los precios de muchos productos.

El IPC subió dos décimas en diciembre en relación al mes anterior y recortó 1,1 puntos su tasa interanual, hasta el 5,7%, su cifra más baja desde noviembre de 2021, según los datos definitivos publicados por el INE, aunque el ascenso mensual de los precios fue de tres décimas. Sin embargo, la inflación subyacente -la que no tiene en cuenta alimentos no elaborados y productos energéticos-, cerró diciembre en el 7%, tasa siete décimas superior a la de noviembre y la más elevada desde noviembre de 1992. Con este dato, la inflación subyacente supera al índice general por primera vez desde febrero de 2021 y abre con él una brecha de 1,3 puntos. Además, los precios de los alimentos crecieron en diciembre un 15,7% en tasa interanual, cuatro décimas más que en noviembre y su tasa más alta desde el comienzo de la serie, en 1994. La tasa anual media del IPC cerró el año en el 8,3%, la más elevada de inflación media en 36 años, desde 1986.