El Gobierno quiere acabar con 300.000 falsos autónomos con penas para sus empleadores de hasta seis años de cárcel

El Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz mantiene una cruzada para acabar con los falsos autónomos. Y, por ello, el Gobierno ha presentado una enmienda para endurecer las penas contra los empresarios que no cumplan la legislación laboral con penas de cárcel. Ahora mismo, tener falsos autónomos constituye fraude laboralsegún la ley sobre infracciones y sanciones del orden social, que establece multas de entre 3.000 y 10.000 euros, aunque puede llegar a ser constitutivo de delito si el importe de las cuotas defraudadas a la Seguridad Social en los últimos cuatro años suman 50.000 euros. Sin embargo, una enmienda de Podemos para modificar el artículo 311 del Código Penal pretende ampliar estas sanciones. A partir de su aprobación, los empleadores podrían ser castigados con penas desde seis meses hasta seis años y multa de seis a doce meses si imponen condiciones laborales ilegales a sus trabajadores por cuenta propia de manera reiterada. Este cambio se incluirá en el Código Penal a través de una enmienda registrada en el Congreso por los dos socios de Gobierno.

La asociación de autónomos UPTA ha determinado que el número de trabajadores que pueden considerarse como falsos autónomos supera los 300.000 en España, según los datos de afiliación de la Seguridad Social a lo largo del 2022, que determinan que el crecimiento del empleo en algunos sectores del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) “sólo se debe al volumen elevado de subcontratación de servicios profesionales que las empresas solicitan a supuestos autónomos que trabajan en condiciones de laboralidad”, apunta Eduardo Abad, presidente de UPTA.

Los profesionales de clínicas sanitarias y despachos, así como los que se dedican a sectores como el transporte, la construcción, la docencia y el periodismo son los que mayor proporción de falsos autónomos registran. UPTA culpa a los colegios profesionales de “conocer y consentir” estas prácticas ilegales y recuerda que existen mecanismos suficientes para “desenmascararlas fácilmente”. Así, los trabajadores por cuenta propia realizan la declaración de la renta y señalan quién es su cliente a través de los ingresos a cuenta de las retenciones correspondientes, por lo que se identificaría automáticamente a las empresas que disponen de los servicios de profesionales autónomos en condiciones de laboralidad, diferenciando estos casos de los trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADE).

UPTA remitió ya al Ministerio un procedimiento basado en ello que identificaría de forma automática a aquellas empresas que reciben facturas de profesionales autónomos en condiciones de dependencia económica, un sistema que analizaría, de forma concreta, las condiciones en el desarrollo del servicio contratado por el empresario al presunto autónomo económicamente dependiente para diferenciarlo del falso autónomo. “Apoyamos claramente la intención del Gobierno de endurecer las sanciones a los empresarios que realicen este tipo de contratación fraudulenta”, ha afirmado Abad, presidente de UPTA, pidiendo también una regulación más exhaustiva para la figura del TRADE, regulada en la Ley 20/2007 del Estatuto del Trabajo Autónomo, que solucione los problemas de inaplicación de los Acuerdos de Interés Profesional en esa figura.