Competencia enmienda al Gobierno y pide liberalizar las líneas de autobús para más de 100 kilómetros

Los planes del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) van en dirección opuesta a los que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera más beneficiosos para los usuarios de autobuses de larga distancia. Mientras que el Gobierno trabaja en el diseño de un nuevo mapa concesional que, según asegura, garantizará el mantenimiento de todos los servicios a través de la actualización del sistema concesional entregando algunas líneas a las comunidades autónomas para que se hagan cargo de ellas, Competencia aboga por una liberalización total de todos aquellos servicios para distancias de más de 100 kilómetros.

La CNMC propone la liberalización para las rutas de media y larga distancia, tal como ha sucedido en Italia, Francia, Alemania o Portugal, en su “Estudio sobre el transporte interurbano de viajeros en autobús”. España representa actualmente el mayor mercado europeo que mantiene un sistema concesional en el transporte en autobús de media y larga distancia. Esto supone que empresas privadas prestan el servicio en régimen de monopolio a través de una concesión administrativa que les otorga la explotación en exclusiva de unas determinadas rutas. La CNMC considera que el contexto actual “es idóneo para plantear una liberalización del mercado, tal como indica la tendencia europea”. La Comisión Europea, recuerda, ha aprobado una propuesta para liberalizar los trayectos nacionales superiores a 100 kilómetros. Esta propuesta ha sido aprobada por el Parlamento Europeo y está pendiente de aprobación por el Consejo de la UE.

Además, la situación de las concesiones españolas en términos de caducidad y desactualización y la liberalización en curso del sector ferroviario proporcionan, a juicio de la CNMC, “una ventana de oportunidad para reevaluar el sistema concesional y plantear una liberalización del mercado”.

El organismo recuerda que, en los últimos años, países como Alemania, Italia, Francia o Portugal han liberalizado sus servicios interurbanos de transporte en autobús de media y larga. Y los resultados, asegura, han sido positivos para los viajeros: menores precios, un aumento de la conectividad y de las frecuencias y una mejor calidad del servicio. Asimismo, la CNMC asegura que frente a la rigidez del sistema concesional, en un sistema liberalizado “las empresas pueden adaptar sus servicios a la demanda con mayor rapidez, crear nuevas rutas o ajustar las existentes”.

Sistema ineficiente

Junto a las ventajas que, a su juicio, ofrece la liberalización, la CNMC tampoco escatima críticas al sistema concesional español, que debería posibilitar que exista competencia por el mercado a través de la licitación de las concesiones para ofrecer menor coste a la administración y ventajas a los usuarios. Sin embargo, el análisis efectuado por la CNMC sugiere que el sistema concesional español vigente tiene margen de mejora. Así, asegura que a finales de 2019, un 52% de las concesiones españolas (estatales y autonómicas) analizadas estaban caducadas. También denuncia el “recurso frecuente a las prórrogas de las concesiones”, llegando algunas a durar 30 años frente a los diez previstos; la falta de competencia, con ventajas de los concesionarios iniciales frente a otros licitadores, una eleva conflictividad judicial y unas condiciones de los pliegos de licitación que limitan competencia en los concursos.

Para mejorar estas ineficiencias, y junto a la liberalización de recorridos de más de 100 kilómetros, Competencia propone establecer un organismo regulador independiente, que supervise el proceso de liberalización y resuelva posibles conflictos; mejorar el diseño de los pliegos de licitación; asegurar una adecuada gestión de las concesiones, licitando las que estén caducadas, liberalizando las concesiones caducadas tras dos años desde su caducidad si no se ha convocado un nuevo concurso y únicamente recurrir a las prórrogas en situaciones excepcionales; y mitigar las ineficiencias asociadas al sistema concesional reforzando las obligaciones de transparencia de los concesionarios, impulsando una reforma del marco institucional para contar con una representación equilibrada de todos los agentes involucrados, fortaleciendo la cooperación interterritorial entre las administraciones públicas y reducir las restricciones a la operación de servicios conexos, como los turísticos o especiales.

La posición de liberalizar las líneas de media y larga distancia está en clara sintonía con la defendida por una de las patronales del sector, Anetra. A finales de junio, su presidente, Luis Ángel Pedrero, destacó en el Congreso de los Diputados que la liberalización permitiría a las pequeñas y medianas empresa poder ofrecer sus servicios en entornos donde ahora no hay suficientes frecuencias y que lo lógico es dejar que puedan ofrecer ese transporte. Y que, donde la administración entienda que el mercado no ha cubierto la demanda, que intervenga y lo financie. El modelo concesional, dijo, está “obsoleto y no gusta a nadie”.