El Gobierno aprieta a las autonomías para que regulen los VTC

El próximo mes de octubre vence el plazo dado por el Estado a las comunidades autónomas para que regulen la actividad urbana de los vehículos de alquiler con conductor (VTC). En las autonomías en las que no se legisle, las compañías sólo podrán prestar servicios interurbanos, lo que las abocaría en la práctica a su desaparición dado que lo sustancial de su negocio pasa por competir con el taxi en las ciudades. Pero el embrollo judicial que motivó el Real Decreto Ley 13/2018 aprobado por el entonces Ministerio de Fomento de José Luis Ábalos y que transfiere a las autonomías la responsabilidad de esta regulación urbana antes de octubre puede terminar por devolver la patata caliente al ahora Departamento de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma). Y eso es lo que no quieren en Nuevos Ministerios. Y por eso están urgiendo a las regiones a regular el sector cuanto antes.

Cuando se aprobó el decreto, la administración concedió un periodo de tres meses a las compañías del sector VTC para presentar alegaciones si no estaban de acuerdo con el periodo transitorio de cuatro años que incluía a modo de indemnización para que las compañías siguiesen operando por si, llegado el caso, alguna autonomía no legislaba y los afectados debían cesar su negocio. Finalizado el periodo, el 29 de diciembre de 2018 el ministerio se encontró con 15.600 reclamaciones, una por cada licencia VTC, que discrepaban de ese periodo indemnizatorio estimado en cuatro años. Según sus cálculos, se necesitan entre 12 y 14 años para recuperar su inversión.

Ante el aluvión de reclamaciones, el ministerio, que tenía seis meses para responder, derivó el estudio de los recursos a la empresa semipública de ingeniería Ineco, que respondió concediendo prórrogas a algunas compañías que tenían vehículos en propiedad. Pero su decisión, lejos de templar los ánimos, los encrespó entre el sector VTC, que recurrió a los tribunales superiores de justicia y presentó otros 15.600 recursos de tipo contencioso-administrativo.

Sentencia

A finales del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) resolvió que Ineco no estaba capacitada para decidir sobre el periodo indemnizatorio incluido en el decreto y que debía ser el propio Mitma, con sus recursos, el que debería hacerlo. Es decir, el TSJM retrotraía el proceso hasta el 29 de diciembre de 2018, cuando finalizó el periodo de presentación de alegaciones y comenzaba el de análisis por parte del departamento, que ahora está otra vez analizando las reclamaciones de los VTC, a las que deberá responder al filo del verano.

Desde el sector se considera bastante improbable que el Mitma vaya a aceptar las peticiones indemnizatorias de entre 12 y 14 años que reclaman y que tanto distan de los cuatro años que recoge el decreto de Ábalos. Por ello, prevén que, una vez resuelva, el conflicto retorne de nuevo a la fase de reclamaciones ante los tribunales y en la posible petición de medidas cautelares en aquellas comunidades que no hubieran legislado para que los VTC puedan seguir trabajando más allá de octubre a la espera de la decisión definitiva de los tribunales.

Pero todo este embrollo judicial desaparecería de un plumazo si las comunidades autónomas legislan antes. Dado que las reclamaciones de las VTC tienen que ver con el periodo de cuatro años concedido por Ábalos a modo de indemnización en previsión de que tengan que cesar su actividad por falta de regulación, no habría lugar a reclamación alguna si las autonomías legislan y pueden seguir operando en las ciudades.

Situación del sector

Por el momento, solo Cataluña y la Comunidad Valenciana han adoptado medidas para regular las VTC, aunque de corte muy restrictivo -Uber, por ejemplo, opera en Barcelona como intermediario de taxis-, lo que, según el sector, ha arrasado con buena parte del mismo. Del resto, la única región que se ha puesto manos a la obra para regular es Madrid, que concentra el 45% del sector, con casi 8.000 autorizaciones VTC de las que unas 7.000 están activas. El sector de las VTC emplea en esta comunidad en la actualidad a 13.650 personas (empleo directo e indirecto), según los cálculos de la asociación del sector Aseval, que estima un potencial para el sector en la región de algo más de 1.000 millones de euros. No obstante, desde el sector confían en que a Madrid se le vayan poco a poco sumando otras comunidades en su regulación. Ignacio Manzano, presidente de Aseval, confía precisamente en que tras esta región, haya otras “que regulen y no dejen tirados a los trabajadores”. Porque, como asegura, sus asociados no dejan de ser “transportistas que comercializan sus servicios a través de una app, como hacen también algunos taxis”. “Nosotros tenemos empleados, coches... todo en regla y pagamos nuestros impuestos”, añade. Según sus estimaciones, el sector da trabajo a 61.700 personas y su desaparición supondría la pérdida de 2.500 millones en términos de recaudación y de inversiones no realizadas.

Desde Unauto, Eduardo Martín también asegura que las autonomías están de algún modo “obligadas” a legislar por el peso que tiene el sector para la economía y porque el ciudadano lo necesita”.

Mientras la situación en España sigue siendo un tanto convulsa, el pasado miércoles la Comisión Europea publicó unas recomendaciones para armonizar la regulación de las VTC en todos los países europeos, evitando trabas como las de la precontratación o los tiempos de espera. El objetivo, en palabras de la comisaria europea de Transporte, Adina Vălean, es “garantizar un buen servicio para los usuarios de toda Europa, así como un servicio justo, seguro y más sostenible”.