Hace apenas un mes y medio, el 1 de septiembre, 550 kilómetros de autopistas españolas por los que hasta entonces se pagaba por circular pasaron a ser de uso gratuito. Ese día entró en vigor la liberalización de dos vías de titularidad estatal, la AP-2 y dos tramos de la AP-7; y de otras dos que gestionaba la Generalitat de Cataluña, la C-32 y la C-33. Ayer, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la titular del departamento de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, aseguró que en unos meses, el ministerio tendrá listo el sistema con el que pretende tarificar el uso de todas las vías de gran capacidad españolas. ¿Cómo es posibles que el Gobierno esté al mismo tiempo levantando las barreras y ultimando el sistema para ampliar el pago por uso a toda la red viaria? La clave está en los agravios territoriales que, según el Ejecutivo, genera el sistema actual.

Tras el levantamiento de barreras del 1 de septiembre, Galicia se convirtió en la comunidad autónoma con más kilómetros de autopistas tarificados de España, 330,8, entre los que gestiona directamente el Estado y los que son de competencia autonómica (57,8 kilómetros correspondientes a la AG-55 y la AG-57). Por detrás quedan País Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Andalucía y Navarra también la superarán. En el caso del País Vasco, cuenta con 248 kilómetros, de los que 77 kilómetros son estatales y 171 kilómetros son gestionados por las Diputaciones Forales de Vizcaya y Guipúzcoa. En Castilla-La Mancha hay 214,1 kilómetros de peaje, mientras que en Castilla y León son 201 kilómetros, en la Comunidad de Madrid 158,5 kilómetros, en Andalucía 157,4 y en Navarra 151,6, de los que solo 39 son estatales (AP-68 Bilbao-Zaragoza) y 112,6 kilómetros pertenecen a la Diputación Foral (AP-15 Tudela-Irurzun). Cataluña, tras muchos años siendo la autonomía con más kilómetros de peajes, está ahora por detrás de todas ellas con apenas 145,8 kilómetros después de décadas encabezando la clasificación.

Medida transitoria

En vista de la gran desigualdad territorial existente en el pago por uso de las carreteras españolas, desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez siempre han considerado que lo más justo para ir igualando las condiciones de las comunidades era ir liberando los peajes de aquellas concesiones que fueran venciendo.El Ejecutivo siempre lo ha contemplado como una medida transitoria antes de tomar la gran decisión: tarificar toda la red o cargar sus voluminosos costes de conservación -el déficit que arrastra el sistema es de unos 9.000 millones de euros, según la Asociación Española de la Carretera- a todos los ciudadanos a través de los Presupuestos Generales del Estado. En su decisión, según ha defendido también el Mitma, ha influido también el hecho de que, según argumentan, desde la Comisión Europea no estaban por la labor de que estos contratos se prorrogaran.

Existen casos como el de la AP-9 gallega en los que, como a la concesión todavía le quedan bastantes años para que venza su contrato de concesión, el Gobierno ha aprobado sistemas de bonificaciones para compensar a los usuarios habituales de estas vías.Para cubrirlos, así como el coste del progresivo levantamiento de barreras de los peajes, los Presupuestos del próximo año incluyen una partida de gasto de 92 millones de euros.

Es esta desigualdad, que la ministra de Transportes calificó ayer como “agravios territoriales”, que arroja ahora mismo el mapa de los peajes español la que vendrá a corregir el nuevo sistema de peajes en el que trabaja el Gobierno y que luego tendrá que ser negociado con el resto de fuerzas políticas y sectores afectados. Eso, si finalmente se aprueba como es deseo del Ejecutivo.