La subcontratación pone en alerta el estreno de la “Ley Rider”

La «Ley Rider» entra en vigor este jueves 12 agosto con constantes tiras y aflojas entre los sindicatos y las plataformas de reparto y con un pesimismo imperante entre los repartidores, a los que acecha la destrucción de empleo, liderada por la salida de Deliveroo de España.

Con la aplicación de esta de norma, tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las empresas de reparto como Glovo, Uber Eats, Deliveroo, Stuart y Just Eat, deben haber contratado a sus «riders» autónomos como trabajadores asalariados, al quedar reconocida la presunción de laboralidad de sus empleados, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos. Sin embargo, en este proceso de adaptación no todos los operadores han seguido la misma receta y algunas suscitan dudas en el plano legal apuntan asociaciones de «riders», sindicatos e inspectores de Trabajo.

La «Ley Rider» incluye también la posibilidad de que los representantes legales de los trabajadores sean informados de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles. Este punto recogido en el Estatuto de los Trabajadores es aplicable a todas las empresas, y no sólo las plataformas de reparto, para que sus algoritmos sean auditados. En este sentido, el Ministerio de Trabajo pondrá en marcha en septiembre una Comisión de Estudio de las Repercusiones Laborales de los Algoritmos.

El ERE de Deliveroo en septiembre, el inicio de las labores de esta Comisión y las diferentes fórmulas de contratación empleadas por las plataformas darán lugar a un otoño plagado de juicios, posibles sanciones y despidos. De entre todas, Glovo se ha situado en el centro del huracán por su polémica forma de adaptarse a la «Ley Rider». A finales de julio, la empresa comunicó su intención de contratar al 20% de su plantilla y mantener como autónomos al 80% restante de «riders» (más de 10.000) gracias a varias modificaciones de la plataforma que, afirma, se ajustan a la normativa y garantizan la autonomía de los trabajadores.

Esta actuación no ha convencido a los sindicatos. CC OO ha presentado dos denuncias ante la Inspección de Trabajo contra Glovo por presuntamente incumplir los derechos laborales de sus trabajadores y «desafiar la ‘Ley Rider’», tanto por solo contratar al 20% de su flota como por recurrir a la subcontratación o ETT. «Lo de Glovo es una barbaridad», señaló a Efe el coordinador de Turespuestasindical.es de UGT, Rubén Ranz, que acusa a las empresas de haber esperado al último momento para afrontar el cambio y de «reírse de la ley».

También a finales de julio, Deliveroo anunció su intención de cerrar su actividad en España con un ERE que afectará a 3.781 personas entre personal de oficina y repartidores; a estos últimos la compañía pretende darles de alta en la Seguridad Social. No obstante, por el momento se desconoce la fecha en la que dará este paso clave para calcular la indemnización a cobrar. Uber Eats, por su parte, ha optado por subcontratar y, a partir de hoy, no adjudicará pedidos a aquellos repartidores que sigan siendo autónomos. Mientras, Just Eat se posiciona como un referente en el sector negociando un convenio laboral con CCOO y UGT. La firma nunca utilizó autónomos y su modelo actual es mixto, combinando los repartidores propios de los restaurantes con un servicio a través de terceros.

«Nos han llegado cosas preocupantes, subcontrataciones, falsas cooperativas de trabajadores... Pero tendremos que esperar y ver cómo se concreta a partir de este 12 de agosto», aseguró a Efe el secretario de Juventud y nuevas realidades del trabajo de CC OO, Carlos Gutiérrez. Por ello, tanto UGT como CC OO han pedido a Trabajo, Seguridad Social y tribunales que hagan un seguimiento de la ley para garantizar su «estricto cumplimiento» y han advertido de que tomarán medidas legales de no ser así.

La presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Ana Ercoreca, las sanciones por incumplimiento de la norma ascienden a 3.126 euros a los que hay que sumar las cotizaciones a la Seguridad Social dejadas de ingresar en cada caso. Si no están asalariados después de esa fecha, «se considerarían falsos autónomos y/o bien podría reclamarse su alta en el Régimen General de la Seguridad Social (...) o lo irá haciendo de oficio la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social», argumentó a Efe el profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, Daniel Toscani.

El pesimismo y la incertidumbre impera entre los “riders”

Los repartidores tanto pro-autónomos como pro-asalariados denuncian la precarización del sector y el uso estructural de la subcontratación con la puesta en marcha de la «Ley Rider». Gustavo Gaviria, portavoz de Repartidores Unidos, denuncia que esta ley, que califica de «mediocre», les deja a merced de las empresas, que optan por contratos temporales, de pocas horas y externalizados. «Tanto el Gobierno como sus socios no nos han apoyado en esto y ahora nos vemos ante la obligación de escoger los malo para evitar lo peor», declara a LA RAZÓN.

«Lo que estamos viendo es lo que veníamos denunciando desde hace más de un año en las primeras manifestaciones, que es la destrucción y precarización de nuestros trabajos. No hemos visto mejoría ninguna, lo único que hemos visto es el anuncio de Deliveroo de salir de España, acelerado por la ‘Ley Rider’, y el anuncio de la semana pasada de Uber Eats, que avisaba de que a partir de este jueves va dejar de operar con autónomos y colaborando con flotas de subcontratados», explica. En cuanto a la vía que ha tomado Glovo, Gaviria declara que «es inviable contratar al 100% de la flota y el modelo actual de autónomos es ilegal, según ha condenado el Tribunal Supremo, por lo que no les queda de otra que adaptarse». El representante de los repartidores pro-autónomos lamenta que la ley no aclara grandes dudas como a cuántos «riders» van a contratar, cómo nos deben contratar, qué va a pasar con la antigüedad de todos, cómo va a ser esa verdadera colaboración de autónomos y «deja la puerta abierta al ensayo y error, por ello las plataformas están intentado cambiar sus fórmulas para adaptarse a la nueva legislación».

El representante de Riders x Derechos Daniel Gutiérrez advierte de que «los fraudes» de las plataformas derivarán en más juicios. «De momento no han cambiado demasiado las cosas, habrá que esperar al 12 de agosto, pero por lo que tenemos entendido las empresas no van a contratar y a cumplir con el Estatuto de los Trabajadores. A partir de aquí no sabemos lo que va a pasar», alerta. Los repartidores pro-asalariados no dudan en señalar a Glovo y Uber Eats: «Es evidente que Glovo está incumpliendo la legislación. Uber Eats también porque los pocos que van a contratar lo harán a través de subcontratas, lo que es cesión ilegal de trabajadores, otro fraude. De hecho, Inspección de Trabajo a partir del día 12 y a lo largo de septiembre va a revisar todos estos fraudes. Aunque las empresas digan que están cumpliendo la legislación, no lo están haciendo y lo saben perfectamente».