La prórroga del acuerdo sobre los ERTE vuelve a poner a prueba la solidez de foro en el que patronal y sindicatos hacen esfuerzos por encarar la lucha común contra las consecuencias económicas de la pandemia. No ha sido fácil y es verdad que la posición favorable de los Ministerios de Trabajo y de Seguridad Social ayuda. Pero más allá de la letra pequeña, lo que se evidencia es que empresarios y sindicalistas tienen más capacidad de diálogo que nuestra clase política, ensimismada e incapaz de pactar medidas que beneficien a los ciudadanos.

De manera que es de justicia resaltar el espíritu de entendimiento entre las partes del diálogo social para corregir las deficiencias de una gestión gubernamental orientada más a la confiscación que a la administración eficiente de los recursos. Una gestión cargada de ocurrencias, bandazos, acelerones y frenazos. El ministro Escrivá, acusado de «dejar en pelotas» y de «arruinar a los autónomos», sabe bastante de ocurrencias. Lo mismo sobre pymes que sobre pensiones o emprendedores. En Europa, los gobiernos han optado por reconstruir el tejido empresarial con ayudas directas a quienes por razones de fuerza mayor se han visto obligados a cerrar sus negocios. Aquí la solución pasa por los créditos, como si hubiera actividad suficiente para devolver ese dinero.

Los ERTE no son la solución, está claro, pero ayudan mientras que la gestión empresarial sigue cercenada por la COVID. Liquidarlos de golpe como se pretendía era condenar a muchas pymes a cerrar. De manera que bienvenido sea este acuerdo de sindicatos y patronal que vuelve a dejar en evidencia a la clase política.