Las 12 medidas del Plan Sánchez para 2050

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere dejar su impronta personal en los anales de la historia democrática española con una hoja de ruta más allá de su Gobierno, que involucre al Estado y que construya los cimientos para superar los desafíos futuros de las próximas tres décadas. Por ello, hace más de un año encargó a un centenar de expertos independientes analizar estos retos y las recetas para afrontarlos. El jefe del Ejecutivo dio ayer el pistoletazo de salida a su ambicioso proyecto con la presentación del estudio de estos especialistas, en un acto celebrado en el auditorio del Museo Nacional Reina Sofía, donde se dio cita a los líderes empresariales y financieros del panorama nacional, así como a los más granado de la sociedad civil. Entre los rostros más conocidos, se pudo ver a los presidentes de Telefónica y de Sabadell, al CEO del Santander, entre otros.

En un acto muy al estilo de la Casa Blanca, Sánchez dio a conocer este estudio, titulado Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo, elaborado de manera altruista por este centenar de investigadores de reconocido prestigio y de disciplinas académicas diversas, coordinados por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia y apoyados por organismos como la AIReF, el Banco de España y el Joint Research Centre de la Comisión Europea. A partir de esta presentación, impulsará la apertura de reuniones con todos los estamentos de la sociedad para diseñar las respuestas a estos retos futuros. De momento, el informe, de una extensión de 676 páginas, apunta y apuesta por una serie de medidas para garantizar un crecimiento sostenible en el tiempo, que permita crear empleo y, a la vez, reducir el déficit público y la deuda. Además de lograr convertir a España en un país más eficiente, digital, verde y justo. «Una España que avanzaría desde la media europea alcanzada en los últimos 30 años para situarse entre los países más punteros de la UE. Algo realmente posible», vaticinó Sánchez durante su diatriba ante un auditorio, el del Reina Sofía, a aforo completo. A partir de ahora, abrirá «un gran diálogo nacional» para analizar los retos del país en los próximos treinta años e intentar construir desde la unidad la España de 2050. Así lo anunció, bajo la mirada atenta de sus cuatro vicepresidentas, Carmen Calvo, Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera, del vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, y de las presidentas del Congreso y el Senado, Meritxell Batet y Pilar Llop, respectivamente. En tono optimista, igual que los oradores que le antecedieron en el uso de la palabra, invitó a este diálogo para ganar el futuro. Las principales medidas que destacan del informe presentado son las siguientes:

Jornada laboral de 35 horas

El Ejecutivo de Sánchez apuesta por reducir la jornada laboral en nuestro país a 35 horas semanales. Así consta en el proyecto de Agenda 2050, que ayer presentó el presidente. Concretamente, el objetivo 43 de este estudio hace referencia a la jornada laboral y propone «reducir progresivamente el número de horas trabajadas a la semana hasta situarlo en niveles similares a los de la UE-8». La media de la UE-8 es de 35,4, frente a las 37,7 de España. Además, el informe aboga por aumentar la tasa de empleo del 62% actual hasta el 80% antes de mediados de siglo. Este aumento deberá darse en todas las comunidades y en todos los colectivos sociales, especialmente en aquellos que hoy presentan una tasa de inserción laboral inferior a la UE-8: jóvenes, mujeres y mayores de 55 años. También se propone aumentar la financiación de las políticas activas de empleo dedicadas a la formación hasta alcanzar el 0,25% del PIB en 2030 y el 0,4% en 2050, así como reducir la tasa de paro a los niveles de la UE-8 (7%) antes de 2050. En el objetivo 38 se defiende la elevación de la tasa de empleo femenina hasta equipararla, como mínimo, con la de los hombres, antes de 2050 y en el 39, reducir la tasa de desempleo juvenil a la mitad, asimilándola a la de la UE-8.

Subir impuestos

El informe se basa en doce ejes, entre ellos defiende la reforma de nuestro sistema fiscal para aumentar su capacidad recaudatoria, es decir subir impuestos, y su progresividad, y «poder financiar así el fortalecimiento de nuestro estado de bienestar sin comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas». En este sentido, su meta es subir la recaudación fiscal de forma que se eleven desde el 37% del PIB actual al 43% en 2050. Este incremento de los ingresos públicos «hará posible que el gasto de las administraciones en protección social converja con la media de la UE-8».

Armonizar tributos

El estudio considera que las diferencias fiscales entre las autonomías profundizan en el reparto desigual de la población en el territorio, junto con «la complejidad del marco jurídico y normativo y la ausencia de una política territorial coordinada». Por eso deja la puerta abierta a armonizar los impuestos de Sucesiones, bonificados al 99% en las autonomías que gobierna el PP, y de Patrimonio. De su relato se deduce que las diferencias fiscales han influido en la ubicación de recursos productivos y sedes sociales de empresas, así como el éxodo de la población y, por tanto, en la España vaciada.

Vehículos

Además, se muestra partidario de elevar los tipos impositivos sobre el consumo de diésel y de gasolina y crear un nuevo impuesto sobre el uso medio real del vehículo en sustitución de otras figuras fiscales actuales como el impuesto de matriculación. «Será relevante adaptar la fiscalidad a la nueva realidad del transporte para corregir sus externalidades negativas y establecer señales inequívocas que garanticen su descarbonización a largo plazo», advierte el informe.

Prohibir viajes cortos en avión

El documento recomienda también prohibir los trayectos en avión de corto radio para los que haya una alternativa en tren inferior a las 2,5 horas de duración. Una medida con la vista puesta en reducir el impacto medioambiental del transporte aéreo, así como defiende impuestos sobre billetes, en función de la cercanía del destino.

Pensiones privadas

En sintonía con el Plan de Recuperación, propone desarrollar un sistema de previsión complementario que, «sin menoscabar la centralidad del sistema público y su suficiencia», se aproxime progresivamente hasta 2050 al que ya existen en los países más avanzados de Europa en este ámbito.

Ampliar la edad de jubilación

El informe deja la puerta abierta a ampliar la edad de jubilación más allá de la legal para hacer frente al envejecimiento de la población española y la mayor esperanza de vida.

Inmigración legal

Con el mismo objetivo en mente, se muestra partidario de fomentar la inmigración legal, con el fin de paliar la caída demográfica y el envejecimiento de la población. «Si conseguimos un saldo migratorio anual del orden de 255.000 personas, la caída de la población en edad de trabajar sería de 1,8 millones de personas, en lugar de los 3,7 millones», alerta.

Prestación por crianza

El proyecto de Agenda 2050 enumera una batería de medidas para reducir la brecha entre clases sociales. Entre ellas, destaca la creación de «una nueva prestación por crianza de hijos e hijas menores de 18 años», fórmula defendida con anterioridad por el Partido Socialista. Se trata de una nueva renta universal para familias con hijos menores de edad, dirigida a hogares que se encuentran en riesgo de pobreza, pero que no cumplan los requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital. No obstante, en una segunda fase apuesta por su extensión a toda la población, tal y como ocurre en el resto de la Unión Europea.

Herencia universal

La Agenda 2050 defiende también la imposición de un «herencia pública universal», una dotación económica destinada a que los jóvenes adquirieran la primera vivienda, creen un negocio o completen su formación. De esta manera, se corregirá el diferencial de riqueza existente ahora entre los mayores de 65 y los menores de 35 años, que se ha duplicado en los últimos tiempos, asemejándose ya a la que existe en Estados Unidos. En este contexto, se estima que las herencias determinan casi el 70% de la desigualdad de la riqueza en España. De ahí la propuesta de «herencia pública universal».

Educación

España se verá obligada a cerrar centros educativos a consecuencia de la pérdida de 800.000 alumnos hasta 2050. Pese a ello, se abre la puerta a poder duplicar el gasto por alumno en infantil, Primaria y ESO y pasar de los 4.880 euros actuales a unos 9.640 en 30 años. En los capítulos dedicados a la educación, el informe explica que esta pérdida de 800.000 estudiantes equivale a 33.000 aulas de 24 alumnos menos que en 2019, una «fuerte contracción» que obligará a cerrar colegios, «sobre todo en la España rural, y a reducir el tamaño de otros muchos».

Vivienda

El plan propone reducir el porcentaje de población que sufre sobrecarga financiera asociada al pago de la vivienda, con especial foco en la población que vive en alquiler, «que es la que sufre una sobrecarga más elevada», y situarlo en el 8% en 2030, en el 6,5% en 2040 y en el 4,5% en 2050. También recomienda crear «un marco fiscal orientado a favorecer tanto el alza de la oferta de vivienda en alquiler a precios asequibles como el propio acceso de los hogares de rentas más bajas, con especial énfasis en los territorios más tensionados».