Expropiación de pisos en Baleares: torpedo en la línea de flotación de la seguridad jurídica

¿Por qué ha expropiado Baleares las viviendas?

El Ejecutivo autonómico balear que lidera la socialista Francina Armengol considera que se trata de inmuebles vacíos destinados a la especulación que deben salir al mercado para atender las necesidades de colectivos vulnerables que no pueden permitirse destinar más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler. Este porcentaje es, precisamente, el máximo de la renta que el Gobierno balear establecerá como pago para las rentas de estos pisos.

¿Por qué es una mala noticia para el sector?

Porque, como en cualquier otra actividad económica que se precie, la seguridad jurídica es fundamental para garantizar las inversiones. Y una medida de este tipo, aunque contemple una indemnización para los expropiados, pone en entredicho dicha seguridad, lo que hará que muchos inversores se lo piensen dos veces antes de mirar a las Islas Baleares. El retroceso de la inversión conllevaría, asimismo, una disminución de la oferta, que presionaría los precios al alza lográndose el efecto contrario al que se persigue pues los colectivos más vulnerables tendrían todavía más problemas para acceder a una vivienda.

¿Es efectiva una medida de este tipo?

Sobre el papel, sí porque permite a la administración de turno disponer de un parque de viviendas sociales del que carece de forma rápida. Ahora bien, habrá que ver si los tribunales bendicen tan polémica decisión. Desde el sector aseguran que decisiones como ésta atentan contra principios tan básicos como el de la propiedad privada recogido en el artículo 33 de la Constitución. De hecho, recuerdan que en una reciente sentencia sobre la Ley de Vivienda de Cataluña, el Tribunal Constitucional ya ha advertido contra las intenciones de expropiar cualquier derecho fundamental.

¿Estarán ya disponibles las viviendas?

No. Todavía tiene que completarse el procedimiento administrativo correspondiente. En todo caso, el Gobierno balear ha advertido de que, aunque sus propietarios pueden recurrir a los tribunales, sus recursos no paralizarían la iniciativa y las expropiaciones seguirían adelante.

¿Qué medidas defiende el sector para solucionar el problema del alquiler?

El sector inmobiliario tiene muy claro cual es el problema que hay en España: la falta de vivienda en alquiler. Por eso, considera que lo que hay que hacer es invertir para levantar un parque acorde a las necesidades. Como solución más inmediata, proponen entregar ayudas directas a las familias más vulnerables para alquilar, una decisión que evitaría expropiaciones como la de Baleares y la batalla judicial que puede venir. También creen que se pueden firmar acuerdos con grandes tenedores, pero en ningún caso obligarles a ofrecer sus viviendas para alquiler social. Y mucho menos, a través de expropiaciones forzosas.