La Vicepresidencia de Derechos Sociales propone, en el marco de la nueva Ley de Vivienda, que los grandes propietarios de inmuebles destinen el 30% de sus viviendas a alquiler social, una medida que ayudará a poner fin a la “emergencia habitacional” en España al aumentar en pocos meses el parque público entre 140.000 y 150.000 viviendas. Así lo ha indicado la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, durante su comparecencia en la comisión mixta para la coordinación y seguimiento de la estrategia española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Belarra ha argumentado que los Objetivos de Desarrollo Sostenible implican también proteger el derecho a la vivienda, como recoge el artículo 47 de la Constitución, y para ello se necesita elaborar una ley estatal que “ataje de una vez por todas la desprotección que vive el conjunto de la ciudadanía frente a un sector inmobiliario que genera cada año pingües beneficios”. “Necesitamos una Ley de Vivienda que corresponsabilice al sector inmobiliario, al sector privado, en la garantía del derecho a la vivienda y le comprometa a cumplir con la función social que tiene que tener necesariamente la vivienda. Para ello es imprescindible que los grandes tenedores de vivienda, por ejemplo, pongan a disposición de las administraciones públicas un porcentaje de su parque para destinarlo a vivienda social”, ha defendido.

De este modo, y “no tanto apostando de nuevo por la construcción”, como se va a lograr ampliar “sustancialmente el parque público de vivienda en alquiler”. “Si, por ejemplo, los grandes propietarios de inmuebles en España destinaran el 30% de sus viviendas al alquiler social, podríamos aumentar en muy pocos meses las viviendas disponibles en 140.000 o 150.000 inmuebles, ayudando a poner fin de esta manera a la emergencia habitacional que vive nuestro país”, ha ahondado.

La secretaria de Estado también ha reivindicado la creación de un “escudo social sin precedentes” ante la pandemia del Covid-19, con medidas prorrogadas hasta final del estado de alarma y que ejemplifica el “cambio de rumbo” frente a los “recortes” derivados de la crisis de 2008 con “hechos y con políticas”. Entre ellas, ha destacado la suspensión de prácticamente todos los desahucios sin alternativa habitacional, la prohibición de cortes de los suministros básicos a personas vulnerables o la ampliación de las moratorias hipotecarias. Al mismo tiempo este Gobierno ha prorrogado hasta el mes de mayo los ERTE, que han llegado a sostener a casi 3,5 millones de trabajadores y a 500.000 empresas, y que se ha erigido como el mecanismo impulsado por el Ministerio de Trabajo como la protección “más amplia y ambiciosa jamás desplegada” en España.

Discrepancias entre socios

Unidas Podemos mantiene con el PSOE, socio de Gobierno, “discrepancias sustanciales” en la confección de la nueva Ley de Vivienda, que están elaborando el Ministerio de Transportes y la Vicepresidencia de Derechos Sociales. Según explicaron a Europa Press fuentes de Unidas Podemos, existe “preocupación” por la dinámica que atraviesa la negociación sobre una normativa que debería llegar al Consejo de Ministros a lo largo de febrero. Y todo ello al apreciar que el PSOE muestra rechazo a la mayoría de sus propuestas.

Los desencuentros radican sobre todo en la necesidad de obligar a los grandes tenedores a que dediquen una parte de sus viviendas al alquiler social y el hacer permanente la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables, puntos centrales para la formación morada. También existen diferencias a la hora de poner en marcha “medidas efectivas” que movilicen la salida de vivienda vacía al mercado de alquiler.

En cuanto a la regulación de precios del alquiler, recogida en el acuerdo de Gobierno y detallada en el acuerdo de Presupuestos Generales del Estado (PGE), en Unidas Podemos explicaron que mandaron una propuesta al PSOE hace cuatro meses a la que aún no han contestado.

El calendario que maneja el Ministerio de Transportes es seguir perfilando la nueva ley de Vivienda hasta mediados de febrero, y a partir de ahí, llevarla al Consejo de Ministros, según trasladaron a Ep en fuentes de este departamento, con lo que retrasa el calendario inicial que pactaron ambas formaciones de aprobar la ley en enero para que llegara al Parlamento en febrero.

A finales del pasado mes de octubre, PSOE y Unidas Podemos acordaron llevar la Ley de Vivienda al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses y al Congreso de los Diputados en un máximo de cuatro meses, con el fin de “limitar” y “eventualmente bajar”, los precios de alquiler en zonas de mercado “tensionadas”. Belarra ya detalló a Europa Press en diciembre que su aspiración es que la nueva ley movilice la vivienda vacía propiedad de los grandes tenedores y forzar a que la saquen al mercado para incrementar la oferta de alquiler social en favor de las familias vulnerables. Además, un informe de Vicepresidencia segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030 califica de “fracaso” el “modelo luso” de incentivos fiscales de cara a lograr bajadas del precio del alquiler, por el que se decanta el PSOE.