Las tres autopistas de peaje que serán libres a partir de 2021

Tres tramos de autopistas que ahora son de pago serán gratuitas a partir del 1 de septiembre de 2021. Concretamente, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana levantará las barreras en dos nuevos tramos de la AP-7, entre Tarragona y La Jonquera (Gerona) y entre Montmeló y el Papiol; y en el de la AP-2 que conecta Zaragoza y El Vendrell (Tarragona). Con esta decisión, quedarán libres de pago otros 470 kilómetros de la red de carreteras de gran capacidad españolas.

La decisión de ir eliminando de forma paulatina los peajes fue tomada al poco de llegar el ministerio por José Luis Ábalos. Aunque el ministro es consciente de que esta medida supone que los costes de mantenimiento y conservación de las vías tendrán que ser asumidos por los Presupuestos Generales del Estado y supondrán un gasto cercano a los 2.700 millones, también cree que ha llegado el momento de decidir si la red de vías de gran capacidad españolas debe mantenerse, de forma generalizada, con cargo a las arcas públicas o mediante la generalización de los peajes. Hasta que se tome una decisión, Transportes cree que lo lógico es que las concesiones que vayan venciendo, como las dos de la AP-7 y la de la AP-2, no se renueven. Aunque ello, no obstante, tenga un coste en términos de empleo, pues muchos de los trabajadores de las cabinas de pago de estas autopistas perderán su puesto de trabajo.

Debate sobre los peajes

El Gobierno ya ha puesto de forma oficial el debate sobre los peajes encima de la mesa. Transportes ya ha sacado a consulta pública el anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible, norma en la que se pretende abordar la cuestión de la financiación de las autopistas españolas. Según cálculos de la patronal de las concesionarias (Seopan), si se generalizan los peajes en los 14.000 kilómetros de vías de gran capacidad interurbanas, el Estado podría lograr unos ingresos de 104.000 millones de euros en los 25 años de duración de las concesiones. Además, Seopan calcula que el Estado se ahorraría anualmente 850 millones de euros en gastos de conservación y explotación, que serían asumidos por las concesionarias; e ingresaría cada ejercicio unos 4.700 millones de euros en concepto de IVA e Impuesto de Sociedades que devengarían esos peajes. En total, si el sistema se articulase a través de un pago inicial a las concesionarias de 5.614 millones de euros y uno anual de 4.827, los ingresos anuales para todas las administraciones por los diversos conceptos ascenderían a 12.649 millones de euros.