El juez del "caso Rubiales" ha ordenado el volcado de datos de los móviles del hermano de Jenni Hermoso y de la responsable de prensa de la selección femenina de fútbol, Patricia Pérez, que ha admitido que recibió presiones de la RFEF para intentar que la futbolista avalase la versión de Luis Rubiales de que el beso fue consentido.

Junto a la jefa de comunicación del combinado nacional también ha comparecido como testigo Miguel García Caba, director del área de Integridad de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Tras sus declaraciones, el magistrado Francisco de Jorge no ha modificado su situación procesal, al contrario de lo que hizo ayer con otros dos altos cargos de la Federación ahora imputado.

El juez del "caso Rubiales" había citado inicialmente hoy a declarar como testigos no solo a Miguel García Caba y Patricia Pérez, sino también a Albert Luque, director de la Selección masculina y Rubén Rivera, director de Marketing de la RFEF. Pero tras la declaración del hermano y una amiga de Jenni Hermoso el pasado lunes, el juez De Jorge decidió, con el aval de la Fiscalía, suspender estas dos últimas comparecencias y citar a ambos a declarar como imputados por coacciones el próximo 10 de octubre junto al exseleccionador Jorge Vilda, señalado también por las supuestas presiones a la jugadora internacional para que ratificara la versión de Rubiales de que el polémico beso fue consentido.

"Presión constante y reiterada"

En la querella por agresión sexual y coacciones que presentó contra Rubiales, la Fiscalía imputa a Rubiales no solo un delito de agresión sexual, sino también otro de coacciones después debido a que, según declaró la internacional española, "tanto ella como su entorno más próximo sufrieron una presión constante y reiterada por parte de Luis Rubiales y el entorno profesional de este para que justificara y aprobara los hechos".

En base a esa "situación de hostigamiento en contra del desarrollo de su vida en paz, tranquilidad y libremente", la fiscal del caso le atribuye también la supuesta comisión de un delito de coacciones, castigado con penas de multa o de prisión de seis meses a tres años.

Rubiales negó al juez De Jorge que él o algún alto cargo de la RFEF intentara convencer a Hermoso de que cambiara su versión de lo sucedido. Tras esa comparecencia, el magistrado impuso al expresidente de la Federación una orden de alejamiento que le impide aproximarse a la futbolista a menos de 200 metros o comunicarse con ella "por cualquier medio" mientras se prolongue la investigación judicial. Sin embargo, se negó a acordar el embargo de sus bienes para hacer frente a posibles responsabilidades civiles, como pidió la abogada de Jenni Hermoso, y a obligar a Rubiales a presentarse cada 15 días en el juzgado, una petición que defendió la Fiscalía.