La situación de Dani Alves parece complicarse día tras día. La defensa del futbolista trabaja a marchas forzadas en su nueva estrategia para demostrar la inocencia del futbolista brasileño. La Audiencia de Barcelona acordaba mantener en prisión preventiva y sin fianza al exjugador del Barça Dani Alves, acusado de haber violado presuntamente a una joven en una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre. Los magistrados concluyeron que la decisión de la jueza instructora de enviar a prisión al futbolista era “justificada y necesaria” ante los “indicios fundados” de agresión sexual contra el jugador.

Se confirmaba así un duro golpe para el futbolista que ya era esperado por su defensa y que ahora se centra en demostrar el consentimiento por parte de la víctima. Alves permanecerá encarcelado “hasta que se fije una fecha para el juicio” que podría celebrarse el próximo verano ya que la investigación de la presunta violación en la discoteca Sutton de Barcelona está a punto de terminar.

Desesperados por dar un giro a una situación que parece más que complicada, su equipo legal se centra en debilitar a la víctima. Ante la decisión de la Audiencia de Barcelona de mantener al brasileño en prisión, el abogado del futbolista, Cristóbal Martell, mantiene "una auténtica batalla legal con la prueba psicológica que se le tiene que hacer a la joven". Las medidas que solicita su abogado tienen la clara intención de reducir la credibilidad del relato de la víctima y a intentar probar que su estado psicológico no es compatible con el de una víctima de abuso sexual. "No le queda otra ante la apabullante cantidad de pruebas e indicios que tiene el juzgado contra Alves", afirman fuentes cercanas al caso. Esta estrategia la utilizó Agustín Martínez Becerra en el caso de La Manada de los Sanfermines en el año 2016 y ha sido uno de los temores de la víctima desde el mismo día en que formalizó su denuncia.

"La jueza que investiga el caso ordenó hacer al Instituto de Medicina Forense un informe pericial sobre las secuelas que puede estar sufriendo la víctima. Hasta ahí normal. Es habitual en estos casos que se haga. ¿Qué pasó? El abogado, Cristóbal Martell, presentó una petición para que en esa prueba psicológica interviniera un perito de parte, es decir, un profesional pagado por Dani Alves. Y que se grabara esa prueba psicológica. Hechos completamente inhabituales en un juzgado", adelantaba El Periódico.

La jueza aceptó la petición de la defensa de que en el mismo acto participara el forense de parte y grabarlo. Se aceptó el peritaje conjunto y no grabarlo. Y Cristóbal Martell ha presentado un recurso porque considera que se tiene que grabar. Y es que poner en duda la veracidad de las declaraciones de la víctima y poder fundamentar una "narración distorsionada" de los hechos es fundamental para la defensa del brasileño que sigue poniendo el "consentimiento" en el centro de su plan judicial.

Esta nueva línea de defensa supone un duro golpe para la víctima.La joven de 23 años, está bajo tratamiento psiquiátrico desde el episodio y evita seguir las noticias. “Está recibiendo apoyo psicológico a través de una entidad pública especializada en el tratamiento de víctimas de violencia”. El hospital le recetó todo un tratamiento encaminado a evitar cualquier tipo de enfermedad infecciosa, porque el futbolista no usó preservativo. Además, tiene un tratamiento farmacológico con ansiolíticos para poder dormir, pero me dijo que no ha podido desde que prestó declaración” desveló su letrada, Ester García López . Además, la joven está aterrada y sus dos grandes temores son que se descubra su identidad y que se intente menoscabar su credibilidad,a pesar de haber renunciado a cualquier tipo de indemnización.

Los precedentes de "La Manada" y Santi Mina

La joven teme que no la crean y que pueda producirse algo similar a lo que ocurrió con la víctima de “La Manada” cuando se publicó su imagen y sus datos en redes sociales. El 6 de diciembre de 2017 se publicó en Twitter una fotografía en la que aparecía el rostro de una mujer manteniendo relaciones sexuales con un hombre acompañada de un texto en el que indicaba: «La chica supuestamente violada por la Manada ha pedido que no se difunda esta imagen porque quizá pensemos que solo era una golfa borracha». El autor de este “tuit” fue condenado a dos años de cárcel pero las consecuencias para la joven fueron irreparables.

Y es que todo parece confirmar que el equipo legal utilizara los métodos del caso de "La Manada" donde incluso se llegó a admitir un informe de un detective privado que realizó un seguimiento de la víctima para demostrar demostrar que "su día adía y sus actividad en redes sociales no era compatible con una víctima de violación".

Esta agresiva estrategia de defensa es bastante habitual en los juicios por violación y ya ocurrió también en el caso de Santi Mina. El equipo legal del futbolista decidió espiar a la víctima. Querían saber qué tipo de vida llevaba y decidieron contratar a detectives privados que la investigaran. Lo hicieron en 2019.

Uno de los detectives declaró que la joven llevaba ropa ajustada y salía de copas y otra detective incluso llegó a hablar con la víctima fingiendo que estaba interesada en alquilar una vivienda en su edificio. Esa conversación se incorporó al informe que hicieron. Asimismo, los psiquiatras contratados por el futbolista cuestionaron el estrés postraumático que sufría la víctima y argumentaron que su modo de vida no era el de una mujer violada.

La abogada de la agredida alerta, como ya hizo la defensa de la víctima de "La Manada", que las últimas maniobras de los defensores del futbolista supone una "revictimización" de la joven. Sin embargo, el equipo legal del brasileño seguirá aumentando la presión para socavar la credibilidad de la víctima o bien, como ya sugirió su abogada, llevarla hasta un límite en que finalmente aceptara un acuerdo.

¿A qué pena se enfrenta?

En cuanto a la pena de cárcel a la que se enfrenta, la Fiscalía ha indicado que se le acusa de "un delito de agresión sexual con penetración -artículo 179 del Código Penal- que tiene prevista una pena de entre cuatro y 12 años de prisión". No obstante, se tendrá en cuenta el presunto abuso de autoridad de haber forzado a la víctima, por lo que se enfrentaría a entre ocho y 10 años de cárcel. Si la pena finalmente es inferior a cinco años el juicio se llevará acabo en una sala de lo Penal y si es mayor en la Audiencia de Barcelona. La sentencia no llegaría casi con toda probabilidad hasta 2025 y luego cabrían los recursos correspondientes. La guerra no ha hecho más que empezar.