El Barça ya está bajo la lupa judicial: la jueza ordena a la Guardia Civil que investigue los pagos a Negreira

El Barça ya está en el punto de mira de la Justicia. La jueza Silvia López Mejía, magistrada de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, ha admitido a trámite las denuncias interpuestas por la Fiscalía y por el exárbitro Xavier Estrada Fernández por los pagos del club azulgrana a José María Enríquez Negreira, entre 2001 y 2018, cuando era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

La instructora ha unificado ambas denuncias (que en el caso de la Fiscalía se dirige no solo contra Negreira, sino también contra el Barça como persona jurídica y contra sus expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu y otros dos exdirectivos) y ha ceñido la investigación a la posible comisión de delitos continuados de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad en documento mercantil.

Además, la magistrada ya ha tomado ya las primeras decisiones y en un auto fechado ayer mismo ordena a la Guardia Civil que esclarezca "el motivo o trabajos por el que se efectuaban los pagos" del Fútbol Club Barcelona a Rodríguez Negreira, que según la Fiscalía superan los 7,3 millones de euros, así como "el destino" que daba el exvicepresidente de los árbitros a esos ingresos.

Del mismo modo, tal y como le pidió la Fiscalía, quiere que la Guardia Civil ponga nombre a quienes entre 2011 y 2014 ejercían en el Barça los cargos de director general, CEO o director ejecutivo y tesorero o jefe del área económica.

El hijo de Negreira, un "testaferro"

De momento, la juez supedita la citación como imputados de los denunciados, y la de los testigos propuestos, al resultado de estas diligencias. Tampoco se pronuncia sobre la imposición de una fianza de 10.000 euros a cada uno de los denunciados para hacer frente a posibles responsabilidades civiles a las que fuesen condenados.

Por ahora, la jueza no imputa al hijo del exvicepresidente de los árbitros, Javier Enríquez, porque señala que la investigación ha puesto de manifiesto que la dirección y gestión de Dasnil 95 "la ejercía exclusivamente" su padre, quien aseguró a la Agencia Tributaria (a raíz de la inspección que hizo saltar las alarmas) que "nunca reveló a su hijo el acuerdo confidencial" con el Barcelona, comprobándose por Hacienda que Javier Enríquez "no cobraba nóminas" de Dasnil 95, por lo que sería "un mero testaferro".

La instructora deja claro que la investigación policial no puede "entenderse concluida" en orden a determinar "el motivo o trabajos por los que se efectuaban los pagos" del Barça a las empresas de Negreira, Dasnil 95 y Nilsad SC, "así como el destino cobrado por dichas empresas dado que no se aprecia incremento patrimonial", según señaló Hacienda, por lo que aboga por investigar el patrimonio del exvicepresidente del CTA "y su entorno próximo", como pidió la Fiscalía.

La magistrada argumenta que aunque la querella de Xavier Estrada (personado en la causa como acusación popular tras abonar 3.000 euros de fianza) hace referencia a unos hechos "de los que tiene conocimiento a través de los medios de comunicación", estos han sido "corroborados" a través de los indicios de la investigación de la Fiscalía de Barcelona. Y pese a que en ambas denuncias no hay "plena coincidencia" en cuanto a los investigados, los hechos que ponen de manifiesto una y otra y los delitos que atribuyen a los denunciados "son en esencia los mismos".