“Caso Negreira”: el Barça sabía que no tenía contrato con la empresa del árbitro

El Barcelona sigue bajo lupa tras las presuntas ilegalidades que cometió junto a Negreira, el vicepresidente de los árbitros. A estas polémicas se le suma nuevas informaciones desveladas por 'El Mundo', donde se filtran conversaciones entre el club y el colegiado en las que se acredita que están cometiendo nuevas irregularidades. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) estuvo en contacto con el Barcelona en 2021 para que enseñara todos los pagos al ex número dos de los árbitros.

En medio de estas conversaciones se reconoce que no existe un contrato escrito con Negreira. "No tenemos contrato. No sé si preferís decirlo explícitamente o hacernos el loco", dice uno de los mensajes. Estos documentos ratifican que este servicio de asesoramiento externo puede esconder muchas más irregularidades. Los pagos del FC Barcelona a José María Enríquez Negreira fueron desde el año 2001, en los tiempos de Joan Gaspart como presidente de la entidad azulgrana. El dinero total recibido asciende a siete millones de euros.

Negreira también comunicó a Bartomeu que iba a desvelar algunas irregularidades tras conocer que el club le cortó el grifo. "Todo aquello que conozco y puedo acreditar y que contextualiza perfectamente el escenario en el que me he movido y relacionado con usted y con los anteriores presidentes. Si no hay acuerdo, saldrán todas las irregularidades. Mi sorpresa ha sido mayúscula. Después de todo este tiempo juntos, me lo tomo como un insulto personal absolutamente injustificado. Tengo la firme intención de cursar denuncia ante los juzgados, lo que seguro que acarreará consecuencias negativas. Hasta ahora no he iniciado esas actuaciones para, justamente, evitar graves consecuencias, albergando la esperanza de llegar a un debido entendimiento con mi pretensión. No creo que otro escándalo favorezca al club", sentenció.

Pero... ¿Qué sanciones puede tener el club? El artículo 286.4 Bis (vigente hasta el uno de julio de 2015) de nuestro Código Penal establece lo siguiente: “Lo dispuesto en este artículo será aplicable, en sus respectivos casos, a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de ésta, así como a los deportistas, árbitros o jueces de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva profesionales”.