PP y Vox registran la ley para volver a la implantación de las líneas de valenciano y castellano en los colegios

Una de las principales promesas electorales tanto del PP como de Vox fue la de derogar la ley del Plurilingüismo aprobada por el Consell del Botànic. Nueve meses después de conformar Gobierno, ambos partidos han registrado este jueves en Les Corts la Proposición de Ley para acabar con lo que consideran que ha sido una «imposición lingüística» que ha vulnerado el derecho de las familias a elegir la lengua vehicular en la que educar a sus hijos.

La ley de Libertad Educativa da la vuelta al modelo diseñado por Compromís y bendecido por el PSPV desde la Conselleria de Educación. Permitirá que sean las familias las que, a través de una consulta, determinen la lengua base de los centros. En la actualidad es el consejo escolar quien lo decide.

Cuando las familias accedan a un nuevo centro, se les consultará su preferencia y en función del resultado se configurarán los grupos. A las que ya están dentro del centro también se les realizará esta encuesta. La previsión es que se pueda aplicar esta nueva dinámica en el curso 2025- 2026.

Siempre prevalecerá el criterio de la mayoría y en la práctica supone recuperar el concepto de líneas (castellano y valenciano) existente hasta la llegada de Vicent Marzà a la Conselleria.

Tras conocer la elección de las familias, si la zona es valencianohablante, la lengua cooficial no elegida como vehicular, ocupará el 25 por ciento del tiempo lectivo, tal y como marca la jurisprudencia hasta 3º de Primaria. A partir de este curso, habrá un mayor equilibrio entre ambas, con una diferencia máxima del 20 por ciento del tiempo entre ellas. Es decir, la mitad de las clases se impartirán en la lengua elegida y el resto se repartirá entre la otra cooficial y el inglés.

Por lo que respecta a las zonas castellanohablantes, todos los alumnos cursarán la asignatura de valenciana y los que pidan la exención no se examinarán, aunque sí recibirán clases. Con esta ley se eliminará la obligatoriedad de impartir un 25 por ciento del tiempo lectivo y asignaturas troncales en valenciano.

La ley de Libertad Educativa articula mecanismos para incentivar el estudio del valenciano. Se trata, argumentan, de promocionar su conocimiento en lugar de imponerlo. Para ello queda regulada la obtención automática de los certificados oficiales de valenciano a medida que se superan determinados niveles.

Por ejemplo, para lograr el C1, el alumno tendrá que haber aprobado la materia de valenciano de los dos cursos de Bachillerato con una media de la asignatura mayor o igual a 7. Además, se aplicará de manera retroactiva hasta los alumnos del curso 2008-2009.

La ley, que saldrá aprobada pese a los votos que con toda seguridad emitirán en contra PSPV y Compromís, cumple estrictamente con la Ley de Uso y Enseñanza del valenciano.

Por lo que respecta al profesorado, los de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Educación de Personas Adultas, deberán tener certificado el nivel C1 de valenciano. Se eliminará, por tanto, en el resto de enseñanzas, como la FP y las de régimen especial, donde quedará reconocida como mérito. Por contra, los profesores que impartan materias no lingüísticas en lengua extranjera, verán recompensado su esfuerzo en el concurso de méritos y tendrán preferencia para escoger turnos en ESO, Bachillerato y FP.

Un paquete legislativo de calado

PP y Vox ha presentado la proposición de ley de la Concordia que sustituirá la Ley de Memoria Democrática y que reconoce todos los actos violentos «desde 1931». Además, ha registrado la nueva ley de À Punt, por la que se crea la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana que subrogará a los trabajadores de la radiotelevisión pública dejando en el aire las oposiciones previstas. La batería de leyes se completa con una nueva norma de Transparencia y otra Antifraude. La oposición ha criticado todas las propuestas asegurando que se trata de una involución democrática que borra los avances conseguidos.