El Plan de viviendas sociales de la Generalitat valenciana sigue sin adjudicarse dos años después de anunciarse

El 19 de abril del años 2021 el entonces conseller de Vivienda, Rubén Dalmau, anunció el llamado «Plan 2.400» del Consell, motivado por la intención de la Generalitat de movilizar suelo para público parado en la autonomía valenciana con el objetivo de levantar 2.457 viviendas públicas en los próximos cinco años para destinarlas a alquiler asequible.

Pues bien, dos años después, aquel anuncio sigue sin ejecutarse, tal y como denuncia el portavoz de Vivienda del PP en Les Corts, Alfredo Castelló, quien añade que no solamente no se ha construido ninguna vivienda social en las dos legislaturas, sino que además se han perdido 1.300 inmuebles del parque público de vivienda.

«La adquisición de viviendas públicas por parte de la Generalitat tiene trampa, porque han comprado 1.000 inmuebles, pero se han perdido 2.300 por el derecho de opción a compra de inquilinos que llevaban 20 años habitando en sus casas», asegura Castelló.

El popular señala que, en el caso de que el mencionado «Plan 2.400» se adjudicara ahora, «las viviendas tardarían por lo menos otros cinco años».

Promesas del Botànic

En el llamado Acuerdo del Botànic II, dentro del apartado de Vivienda, el nuevo Gobierno se comprometía a desarrollar la Ley para la función social de la Vivienda, aprobada en 2017, pero lo cierto es que si se revisan los puntos de aquella promesa, apenas se ha cumplido alguno.

El pacto de Gobierno prometía también destinar, «como mínimo», un 7 por ciento de las promociones públicas a alquiler joven, algo que no quedó reflejado en el ya mencionado «Plan 2.400».

Otro de los puntos del acuerdo establece que se implementarán medidas para el fomento del alquiler de viviendas de particulares como la «cesión temporal a la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha) a cambio de su rehabilitación, bonificaciones fiscales o ayudas directas». Respecto a este punto, Castelló asegura de manera tajante que «está a cero».

En cuanto a la potenciación de los equipos para ejercer los derechos de «tanteo y retracto» por parte de la Generalitat, el popular asegura que no se ha producido ninguna contratación, y que tampoco se ha cumplido la promesa de destinar el 10 por ciento del parque público de viviendas a recursos residenciales para mujeres víctimas de la violencia de género. «Se han cedido algunas, pero el 10 por ciento seguro que no», afirma.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, reiteró ayer que «la próxima legislatura debe ser la legislatura de la vivienda» y anunció la puesta en marcha de 6.000 pisos para el alquiler asequible y el aumento de la VPO hasta las 24.000 viviendas.

Por su parte, Unides Podem, anunció esta semana una propuesta para combatir el «flipping». Gravarán un 20 por ciento el precio total de la compraventa de las operaciones de venta que se produzcan antes de que hayan pasado dos años de su compra. Se contemplan causas de fuerza mayor para regular exenciones.