Mazón desdibuja los bloques en Les Corts: arrincona al PSPV y se distancia de Vox

La aritmética parlamentaria hace extraños compañeros de viaje. Los que se sostienen en un Gobierno no tienen por qué votar en el mismo sentido, es más, puede que ambos estén interesados en remarcar que tienen posiciones diferentes. A estas situaciones se suman otras tan inevitables como la disciplina que un partido esté decidido a seguir con su dirección nacional.

De todo esto hubo ayer en el pleno de Les Corts. No faltaron, por supuesto, las alusiones a la dictadura franquista y a la proposición de ley de la Concordia presentada por PP y Vox.

Sin embargo, durante la sesión de control al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, hubo varias intervenciones que marcan un cambio de rumbo en este curso político que está a punto de cumplir un año.

PP y Compromís sacaron con sus votos una proposición no de ley (PNL) del PP para exigir al Gobierno la implantación de un fondo de nivelación hasta que se reforme la financiación autonómica. Tanto PSPV como Vox votaron en contra y, aunque los motivos de unos y de otros son diferentes, lo cierto es que no deja de llamar la atención esta mezcla de bloques.

El PP solo aceptó las enmiendas de Compromís, que pedía reconocer la deuda histórica y rechazó la de los socialistas que solicitaba, entre otras cuestiones, que el nuevo modelo de financiación evite «carreras irresponsables de desarme fiscal».

Los populares, que no podían aceptar esta petición, pues siempre han defendido la competencia fiscal, lograban así uno de sus objetivos, arrinconar al PSPV y acumular otro argumento para poder acusarle de ser sumiso a la acción del Gobierno de Pedro Sánchez, que no pone en marcha el cambio del sistema de financiación.

«Agárreme que me voy a caer. ¡Albricias!», dijo Mazón cuando el síndic de Compromís, Joan Baldoví, le propuso una reunión para abordar la propuesta de ley de trato justo presentada por la formación nacionalista.

El jefe del Consell escenificaba así su alegría por abrir las puertas del Palau de la Generalitat a Baldoví, que rechazó reunirse con él en la primera toma de contacto que tuvo con los síndics.

El acuerdo entre ambos grupos no quedó ahí. También abordarán de manera conjunta la ley de accesibilidad universal propuesta por Compromís. «Hasta usted tiene derecho a tener buenas ideas», bromeó.

El texto legal, explicaron desde Presidencia, es muy similar al que estaba elaborando la Conselleria de Servicios Sociales, por lo que no han visto inconveniente alguno en trabajar sobre la propuesta de Compromís.

Baldoví restó importancia a estos acuerdos para vender una sola idea, «pacto con el demonio si es en beneficio de los valencianos», apuntó sin explicar por qué ahora sí es un buen momento para hablar con Mazón si hace 11 meses prefería no hacerlo para no «blanquear su Gobierno».

Con todo, el síndic de Compromís lanzó una advertencia al jefe del Consell, «luego hay que votar lo mismo aquí que en Madrid», dijo desde la tribuna para después remarcar que su partido es el único que mantiene el discurso.

Las votaciones de ayer también marcaron una importante línea de separación entre PP y Vox. Estos últimos se quedaron solos en la defensa de una PNL contra la inmigración y la inseguridad.

Ruptura con Vox

Pero no fue esta la única cuestión en la que el PP quiso marcar su postura. La vicepresidenta segunda, Susana Camarero, fue la encargada de contestar a las cuestiones que planteó la oposición sobre violencia de género y políticas de LGTBI.

Respondió personalmente, pese a ser un asunto vinculado a la Conselleria de Justicia, en manos de Vox, sobre la Fundación de Hombres Maltratados de la Comunitat Valenciana. Señaló a la diputada del PSPV, Rosa Peris, por callar cuando se inscribían más asociaciones como esta y ella era directora general de Igualdad.

Sobre la polémica por el hecho de que la manifestación del Orgullo no tenga fiesta posterior, Camarero aseguró que solo se queja la asociación es Lambda, y que es la que ha recibido cuatro millones en subvenciones públicas. «No confundan perder derechos LGTBI con que lo hagan las asociaciones amigas» y afirmó que están molestos porque se audita «cada euro que sale de la Conselleria».