El Gobierno valenciano multiplica por diez las multas por impedir la caza

Los grupos ecologistas que impiden las batidas de caza organizadas en la Comunitat Valenciana serán sancionados a partir de ahora con hasta 3.000 euros de multa, frente a los 300 estipulados en la anterior Ley de Caza de la región. Así consta en la norma, que entró en vigor en enero de este año y que, a petición de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, deja de considerar como leve la sanción por impedir la caza de animales salvajes, para estipularla como grave.

El actual Consell marcó desde el principio de la legislatura como uno de sus principales objetivos eliminar trabas a la caza de fauna salvaje, puesto que se trata de una actividad fundamental para controlar la superpoblación de animales como los jabalís, y evitar así los tremendos daños que estos causan en la agricultura.

Una de las medidas adoptadas fue precisamente la de endurecer las penas a las personas que impiden la realización de estas prácticas. Tal y como explica la presidenta de la Federación de Caza de la Comunitat, Lorena Martínez, se trata de un trabajo que realizan de manera «obligatoria», ya que desde la Administración se les pide que hagan estas batidas, necesarias para controlar la población de estos animales.

Martínez explica que los clubs de cazadores deben avisar a los ayuntamientos con días de antelación de que se van a realizar estas partidas de caza, para no molestar a los senderistas, y deben señalizar la zona en la que estas van a llevar a cabo. Unas señales que los grupos en contra de la caza aprovechan para impedir que se lleven a cabo. Uno de los casos más paradigmáticos, tal y como relata Martínez, se produjo en el Desierto de las Palmas, donde un grupo ecologista llegó horas antes a la zona y empezó a lanzar petardos cuando llegaron los cazadores, a los que insultaron e impidieron llevar a cabo su labor.

«La idea de que las sanciones sean más duras es que sea una medida disuasoria, no para que se multe. Pero nosotros trabajamos para eliminar un problema que no hemos creado», señala.

Desde la Generalitat se han adoptado otras medidas como cambiar los criterios y normas de gestión de la especie para facilitar las acciones de caza y hacerlas más efectivas mediante la ampliación del periodo hábil para su práctica, la regulación del cebado y la delimitación de aquellos municipios donde es necesario concentrar los esfuerzos de control y se han declarado en sobrepoblación.

Desde la Conselleria de Medio Ambiente se quiere además fomentar la implicación municipal, para lo cual se ha puesto en marcha una línea de ayudas específica para el control poblacional destinada a los Ayuntamientos, con la que se subvencionará hasta el 100% del coste de la actividad de control realizada mediante cualquier técnica de caza bien por un club de cazadores o bien por una empresa dedicada al control de fauna.

La Dirección General de Medio Natural y Animal está desarrollando un proyecto en el que se realizan los muestreos necesarios para conocer el estado actual de la población de jabalíes, así como de las especies cuyo estado de conservación está comprometido por la abundancia de esta especie.