Varias organizaciones humanitarias se concentraron ayer ante el Palau de la Generalitat para protestar por las tasas portuarias que le reclama el Gobierno valenciano. Es el caso de Salvamento Marítimo Humanitario, la ONG que trabaja con el barco Aita Mari, al que se les exige 63.000 euros, pues le aplica todos los pagos que tiene pendientes de abonar.

El presidente, Íñigo Mijango, explicó a EFE que la Generalitat ha enviado liquidaciones de las tasas portuarias de los últimos cuatro años a todos los barcos humanitarios que han atracado en los puertos castellonenses de Burriana y Vinaròs para hacer el mantenimiento del barco y el avituallamiento de suministros, como el Aita Mari, el Open Arms, el Louise Michel o el Sea Watch.

Se trata de una reclamación que, sin embargo, no han extendido a los puertos de titularidad estatal donde, según ha podido saber LA RAZÓN, también han atracado sin denunciar que se esté cometiendo una injusticia. El buque permanece atracado en Sagunto en estado inactivo desde el 28 de julio de 2024 y con anterioridad ha recalado en otros puertos como el de Valencia y siempre ha sufragado las tasas.

Desde la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio explicaron que no se cobra a un barco mientras realiza tareas humanitarias. Es más, siempre se les ha dado prioridad cuando han solicitado un amarre.

Sin embargo, la Generalitat hace una distinción entre atracar para realizar tareas de aprovisionamiento y establecer un puerto como base, pues así lo marca la ley de Tarifas Portuarias.

La Generalitat insiste en que si se ha solicitado el cobro de esta tasa es porque así lo marca la ley y afirma que fue el Consell del Botànic el que decidió dejar de cobrar estas tasas a determinadas entidades. La decisión, no obstante, no tenía sustento legal y se limitaba a dejar caducar los expedientes, una cuestión que generaba un problema de seguridad jurídica al cuerpo funcionarial.

«Se ha regularizado la situación que carecía de soporte administrativo y se ha aplicado la misma ley» e inciden en que se ha modificado la normativa con el decreto de simplificación administrativa, que simplemente se limitó a actualizar las tasas de luz y agua a abonar.

Sin embargo, Mijangos insistió en que no entiende la interpretación de la ley autonómica de puertos que hace la Generalitat y afirmó que la ley permite la exención de las tasas de estos barcos.

Facturas con fallos

Además, indicó que las liquidaciones que les han enviado están mal confeccionadas, pues por ejemplo incluyen el IVA cuando estos barcos están exentos, e hizo hincapié en que entienden que no tienen que pagar estas tasas.

Desde la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio remarcan que durante los últimos años la embarcación Aita Mari ha recalado en los puertos de Vinaròs y Burriana por periodos superiores a dos meses, cuando no tenían actividad.

Así mismo, reiteraron que existe una voluntad de diálogo permanente con las embarcaciones humanitarias y siempre se les va a garantizar que puedan recalar en los diferentes puertos de la Comunitat Valenciana sin ningún tipo de veto, pero sí cumpliendo la normativa en vigor. El próximo lunes se les ha citado a una reunión para abordar estas cuestiones.