Desde el pasado sábado por la noche, decenas de personas ocupan la plaza del Ayuntamiento de Valencia en una acampada formada, en este momento, por más de 20 tiendas de campaña. Su protesta es contra el elevado precio de la vivienda en la ciudad, que se ha visto tensionado aún más por la turistificación, alentada por la proliferación de apartamentos turísticos.

Desde su llegada al Consistorio en mayo del año pasado, el equipo de Gobierno de María José Catalá decidió que este asunto era prioritario, por lo que el pasado mes de mayo aprobó la paralización de nuevas licencias para apartamentos turísticos. Pero la ofensiva contra este nuevo fenómeno no queda ahí. Fuentes del Ayuntamiento aseguraron ayer que el equipo de Gobierno de PP y Vox ha desbloqueado más de una treintena de licencias para construir hoteles en la ciudad, la alternativa a los tan polémicos apartamentos turísticos a los que se les achaca una responsabilidad en el incremento del precio de la vivienda.

Estas mismas fuentes explicaron que a la llegada del actual Gobierno, las licencias para construir hoteles «estaban paralizadas y bloqueadas en el servicio de licencias de Urbanismo». Más de 23.000, aseguran, son los expedientes de permisos que se encontró el Gobierno de Catalá -algunos con una década de espera- y su activación «ha sido una de las prioridades del primer año» de legislatura.

Una de estas licencias desbloqueadas corresponde al Palau dels Eixarchs, un palacio en pleno centro histórico de la ciudad, que lleva más de 20 años paralizado, y que se encontraba en unas lamentables condiciones de mantenimiento hasta que el pasado mes de julio el Ayuntamiento dio luz verde a su rehabilitación para ser reconvertido en un complejo hotelero.

Desde el Ayuntamiento denuncian que fue durante la etapa del Gobierno de Joan Ribó -de 2015 a 2023- cuando se produjo la explosión de apartamentos turísticos en la ciudad, con más de 4.500 nuevos inscritos. Además, fue dicho Gobierno -formado por la coalición de Compromís y PSPV- el que legalizó la ubicación de viviendas turísticas en bajos comerciales, donde sin embargo no se pueden construir primeras viviendas.

Además de prohibir nuevas licencias para pisos turísticos -una moratoria que tiene un plazo de un año prorrogable a dos- el Ayuntamiento de Valencia inició un plan de inspección para cerrar aquellas viviendas de este tipo que sean ilegales.

Desde la Concejalía de Urbanismo ya se está trabajando en la normativa que impida la proliferación de apartamentos para turistas y la que definirá el tipo de turismo que quiere la ciudad. Esto se une al desbloqueo de los planes urbanísticos de la ciudad que permitirán dotar de viviendas de protección oficial a la ciudad y, por tanto, hacer que bajen los precios de alquiler y compra de viviendas.

Desde el Consistorio recuerdan que, en solo un año, el Ayuntamiento ha doblado el número de viviendas de alquiler a un precio asequible. Para el portavoz, Juan Carlos Caballero, «no se trata de previsiones, sino que esas viviendas están ya habitadas, como el edificio de Safranar».