Aerte denuncia que el nuevo decreto de residencias no tiene valoración económica, según el CJC

La patronal de residencias Aerte afirma que no cree que el Consell se plantee aprobar el próximo viernes el nuevo decreto que regula la tipología y funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales tras dictaminar el Consell Juridic Consultiu (CJC) que no evalúa adecuadamente el impacto económico para las personas usuarias ni la situación del sector.

“En estas condiciones, que están en la línea de lo que planteó el Comité Económico y Social, no creemos que el Consell se plantee aprobar el decreto”, ha indicado José María Toro, presidente de Aerte.

Según Toro, el CJC ha aprobado su dictamen sobre el Proyecto de Decreto, por el que se regula la tipología y funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales y su ordenación dentro de la estructura funcional, territorial y competencial del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales con dos observaciones esenciales.

La primera hace referencia a que se estima que la norma debería venir acompañada por un informe la situación actual del sector y de la incidencia económica para las personas usuarias.

Al respecto, el dictamen señala que el CJC "estima la necesidad de que la norma fuera acompañada de los informes o memorias que efectuasen un análisis de la situación actual del sector prestador de servicios sociales, y la incidencia económica que para dicho sector y los usuarios supone la norma propuesta".

La segunda indica que deberían valorarse las alegaciones llevadas a cabo por Aerte en relación con la memoria económica del proyecto para comprobar si efectivamente son correctas.

Las observaciones esenciales, según el Decreto 37/2019 que aprueba el reglamento del CJC, indican el reparo del Consell a aquellos preceptos de un proyecto normativo que pudieran comprometer la plena observancia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico.

“Que el dictamen, en este caso, no sea vinculante para la Generalitat, no quiere decir que esa situación deba ser ignorada. Al contrario, cualquier persona con responsabilidad política debería entender que, si se plantean objeciones jurídicas de tanto calado a un proyecto por parte del CJC, habría que resolverlas antes de la aprobación definitiva del Decreto”, según Toro.

El CJC también insiste en la necesidad de estudiar las valoraciones hechas por Aerte a la memoria económica y que, según ésta, tiene una desviaciones muy importantes respecto a los cálculos que se han hecho por parte de la Conselleria, lo que provocaría un aumento muy importante del copago que hacen las personas usuarias en distintos centros y que podría provocar que muchas personas no pudieran seguir recibiendo estos servicios como hacen hasta ahora.

"Cualquier persona con responsabilidad política debería entender que, si se plantean objeciones jurídicas de tanto calado a un proyecto por parte del CJC, habría que resolverlas antes de la aprobación definitiva del Decreto", ha dicho Toro.

El dictamen del CJC concluye que el proyecto de Decreto por el que se regula la tipología y funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales y su ordenación dentro de la estructura funcional, territorial y competencial del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales "es conforme con el ordenamiento jurídico, siempre que se atiendan las observaciones esenciales formuladas".