"Procés" en los tribunales
El TSJC vuelve a condenar por desobediencia a la Mesa del Parlament de Cataluña e inhabilita a sus miembros
Se ha repetido el juicio aa Anna Simó, Lluís Corominas, Ramona Barrufet y Lluís Guinó por este delito cuando ocupaban sus cargos bajo la presidencia de Carme Forcadell.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dejó visto en marzo para sentencia el juicio que repitió contra los ex miembros de la Mesa del Parlament Anna Simó, Lluís Corominas, Ramona Barrufet y Lluís Guinó por presunta desobediencia cuando ocupaban sus cargos bajo la presidencia de Carme Forcadell.
De esta manera, el tribunal vuelve a condenar a los acusados como autores de un delito de desobediencia a las penas, a cada uno, de multa de 2 meses, con una cuota diaria de 20 euros, (1.200 euros en total) con responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada dos cuotas no satisfechas, e Inhabilitación Especial para el ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito estatal, autonómico, local, por tiempo de cuatro meses.
Se condena a los acusados al pago de costas, en una cuarta parte a cada uno y señala el fallo que para el cumplimiento de la pena de Inhabilitación Especial es de abono el tiempo sufrido de privación del derecho de poder concurrir a procesos electorales.
El juicio ha sido una repetición del procedimiento por el que ya fueron condenados en 2020, y se ha vuelto a hacer por orden del Tribunal Supremo (TS) ante la falta de imparcialidad de dos de los tres magistrados que juzgaron el caso la primera vez.
Defensas y acusaciones han mantenido las mismas posturas que en 2020 y, con los mismos argumentos, los abogados Judit Gené y Raimon Tomàs han perseguido la absolución de los acusados mientras que la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular de Vox reclaman que sean condenados por tramitar resoluciones y leyes relacionadas con el proceso independentista que supuestamente desobedecían al Tribunal Constitucional (TC).
Guinó, Simó, Barrufet y Corominas ya fueron condenados a 20 meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros en una sentencia que no llegó a ser firme, y ahora se enfrentaban a esta misma petición de condena.
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