Sindicatos y familias culpan a la Conselleria de Educación de los resultados de PISA

Los resultados del informe PISA 2022 en Cataluña han despertado una gran polémica que pone en el punto de mira la gestión de la Conselleria de Educación. Poco más de dos semanas después de la publicación de los resultados, los sindicatos educativos –Ustec·Stes, CGT Ensenyament e Intersidical– y las Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Cataluña (Affac) expresaron ayer su insatisfacción ante la gestión realizada hasta ahora por la consellera de Educación, Anna Simó. Tanto sindicatos como familias atribuyen «como principal causa» de los malos resultados de los estudiantes catalanes a «las políticas de los últimos años» de la Conselleria.

«Docentes y familias hemos advertido al Departamento de Educación estos últimos años de los problemas estructurales y persistentes que sufre el sistema educativo catalán», afirmaron en un comunicado. Unas advertencias, que según aseguraron, «han sido ignoradas sistemáticamente» por la Conselleria.

Entre estos «problemas estructurales» citan la infrafinanciación, la existencia de una doble –o triple– red, la falta de despliegue del Decreto de educación inclusiva, la segregación escolar, la carencia de un servicio de comedor escolar universal, además de la falta de docentes y otros profesionales especialistas en los centros educativos.

En este mismo comunicado exigieron a la consellera hacer una revisión «urgente» y cambiar las políticas educativas. En concreto, reclaman una «modificación estructural y comprometida de las políticas educativas» que, sobre todo, consista en implementar medidas acordadas con la comunidad educativa.

Además, pidieron a la Conselleria de Educación «respetar a los agentes educativos y tratarlos como interlocutores válidos» en el discurso. «Somos precisamente el alumnado, las familias y el profesorado los que conocemos la realidad de los centros y sufrimos la falta de medidas y recursos», remarcaron.

Asimismo, mostraron su preocupación por «la gestión que la consellera ha hecho del problema» en referencia las cartas enviadas a las familias y al profesorado y en cuyo contenido –según las entidades– «se insinúa que la responsabilidad de esta crisis educativa es de las familias y docentes, en ningún caso del Departamento de Educación».

También le recriminaron que las medidas que anunció «no han sido consensuadas con la comunidad educativa ni han venido acompañadas de la normativa y dotación de recursos necesarios para hacer posible su despliegue».

A su vez, ambos manifestaron sus dudas sobre una mejora del sistema educativo. Por ello, consideraron necesario un «incremento exponencial» de recursos en cumplimiento de la inversión del 6% del PIB que establece la Ley de Educación de Catalunya (LEC), además de una estrategia para gestionar estos recursos para una mejora estructural del sistema.

El pasado martes se celebró la reunión convocada por el president de la Generalitat, Pere Aragonès, con los grupos parlamentarios para abordar esta temática. Allí se acordó la creación de una comisión de expertos que elaborará un informe sobre las necesidades de la educación catalana. Un documento que no estará listo hasta finales de febrero.

El grupo estará formado porquince personas, del que el Govern tendrá elaborada su propuesta de nombres a principios de enero. Simó detalló que a estos expertos se les entregará toda la información derivada del análisis de los resultados de PISA, el decálogo de medidas propuestas por el Govern y las propuestas del monográfico de educación realizado en el Parlament de Cataluña.