El Govern improvisa un plan de medidas para tapar el fiasco en los resultados de PISA

Casi una semana después de la publicación de los desastrosos resultados de PISA en Cataluña, la consejera de Educación, Anna Simó, compareció este lunes para explicar las medidas para paliar la situación.

La consejera empezó la rueda de prensa llamando a la comunidad educativa a «hacer piña» y a no dar bandazos» en las políticas educativas para recuperarse de los malos resultados, y dijo que esta polémica es una «gran oportunidad para poner la educación en el centro del debate».

Respecto a los malos resultados, la prueba PISA –que evaluó el rendimiento de alumnos de cuarto de ESO en matemáticas, comprensión lectora y ciencias– que responsables del Departamento achacaron en un primer momento al alto porcentaje de alumnos de origen inmigrante, la consejera reiteró que esta apreciación «fue un error». Ahora, Educación asegura que el alto nivel de pobreza infantil y la segregación escolar pueden haber acarreado estos resultados.

En cuanto a la gestión de la polémica causada por el informe, Simó evitó la autocrítica, pero admitió que «el sistema educativo necesita reformas». De este modo, anunció un decálogo de «medidas profundas» que el Departamento quiere impulsar con un margen de dos legislaturas. Pero aseguró que para llevarlas a cabo hace falta un acuerdo político que garantice su continuidad más allá de los cambios de gobierno y presupuesto.

Entre las medidas anunciadas, destaca un plan para implantar extraescolares de carácter educativo para los alumnos vulnerables. «Estos alumnos acostumbran a hacer solo clases de repaso, pero la idea es ofrecer clases de robótica, inglés o música y que tengan las mismas oportunidades», aseguró Simó.

Además, resaltó la creación de una agencia de evaluación y prospección de políticas educativas, un ente que la Ley de Educación de Cataluña (LEC) permite desplegar y que la consejera quiere acelerar. En concreto, se comprometió a llevar a cabo «cambios de fondo» en cuanto a la evaluación educativa para que la agencia –recogida en la LEC como Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación– sea una realidad en junio de 2024. Simó recordó que el objetivo de esta es que el departamento pueda trabajar con evidencias sobre las políticas educativas que se aplican, y afirmó que se debe convertir en la «proa de la evaluación catalana».

Otra medida que mencionó la consejera fue la de llevar a todo el territorio las aulas de aceleración para acoger alumnos de tercero y cuarto de ESO el curso que viene, una medida que está ahora en prueba piloto en Barcelona. El decálogo también incluye un pacto con el mundo local para un 0-3 universal y gratuito y una propuesta para la mejora global de la formación de docentes. Finalmente, entre los objetivos también hay un plan para reducir el abandono escolar, uno para la recuperación de aprendizaje de las competencias lectoras y matemáticas y otro que potencia la educación sexual.

Durante la rueda de prensa, la consejera Simó recordó que las últimas pruebas de competencias básicas, realizadas después de las PISA, mostraban que se empezaba a revertir la bajada de resultados, especialmente en las competencias científico-técnicas y matemáticas. Precisamente anunció que el próximo 18 de diciembre comparecerá ante la Comisión de Educación del Parlament, donde trasladará a los diputados miembros los resultados de estas competencias y de PISA.

Preguntada por si habrá consecuencias en el departamento tras las declaraciones sobre el alumnado inmigrante, Simó descartó dimisiones y defendió que el secretario de Políticas Educativas, Ignasi Garcia Plata, «es parte de la solución y no del problema» y dijo que confía plenamente en él.