Mucho antes que el feminismo moderno, Barcelona ya suprimió la presunción de inocencia en el siglo XI

En la actualidad, existe un intenso debate sobre si ciertas leyes impulsadas por el feminismo han erosionado la presunción de inocencia de los hombres. Algunos sectores argumentan que, en determinados casos de violencia de género, la carga de la prueba recae más sobre el acusado que sobre la denunciante, alterando el principio jurídico fundamental de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esta controversia ha llevado a discusiones sobre el papel del derecho en la protección de las víctimas y la equidad procesal.

Sin embargo, lo que pocos saben es que, mucho antes de la irrupción del feminismo moderno, en la Barcelona medieval ya se aplicaba una norma que eliminaba por completo la presunciónde inocencia… pero no en perjuicio de los hombres, sino de las mujeres. Se trata del usatge 112, una disposición legal que obligaba a las esposas acusadas de adulterio a demostrar su inocencia bajo métodos extremadamente crueles.

La Barcelona medieval y los Usatges

Para comprender el contexto en el que se gestó esta legislación, es necesario retroceder al siglo XI, cuando Barcelona era el centro político de los condados catalanes. Estos territorios, originados en el marco de la Marca Hispánica creada por Carlomagno en el siglo VIII, fueron consolidando su autonomía con el paso del tiempo. A mediados del siglo XI, bajo el gobierno del conde Ramón Berenguer I y su esposa Almodis de la Marca, Barcelona se convirtió en el eje de un sistema jurídico basado en el derecho consuetudinario y la tradición feudal: los Usatges de Barcelona.

Los Usatges eran un conjunto de normas que regulaban la sociedad feudal catalana y que, con el tiempo, se convirtieron en la base del derecho catalán. Su función era establecer principios de justicia y orden en una sociedad marcada por las relaciones de vasallaje y la supremacía de la nobleza. Aunque se inspiraban en el derecho romano y visigodo, los Usatges codificaban las prácticas habituales de los señores feudales, muchas de las cuales resultaban extremadamente duras para los sectores más vulnerables de la sociedad, en especial para las mujeres.

El usatge 112: culpable hasta que se demuestre lo contrario

Uno de los preceptos más impactantes de este código legal es el usatge 112, que regulaba los casos de adulterio femenino. Esta norma establecía que, si un marido acusaba a su esposa de haberle sido infiel, era ella quien debía demostrar su inocencia. En otras palabras, la simple acusación del esposo era suficiente para que se diera por sentado el adulterio, salvo que la mujer consiguiera probar lo contrario mediante un proceso sumamente injusto y brutal.

La acusada tenía dos opciones para defender su honor. La primera era recurrir a un combate judicial, es decir, debía encontrar a un caballero dispuesto a luchar por ella en un torneo. Si su defensor vencía, la mujer era declarada inocente; si, por el contrario, el caballero caía derrotado, se confirmaba su adulterio y los bienes de la esposa pasaban a ser propiedad del marido. La segunda opción, aún más aterradora, consistía en someterse a una ordalía o “juicio de Dios”, en la que debía introducir sus manos en agua hirviendo. Si las heridas que sufría eran consideradas graves, se interpretaba como una señal divina de su culpabilidad. En caso de que sus manos quedaran intactas, se le concedía la inocencia.

Este sistema legal no solo ignoraba la presunción de inocencia de la mujer, sino que, además, imponía una prueba de culpabilidad casi imposible de superar. Se trataba de una legislación diseñada para que el esposo tuviera ventaja en cualquier disputa, asegurándose así el control sobre la esposa y, en última instancia, sobre su patrimonio pues, si se confirmaba el adulterio, los bienes de la mujer pasaban a formar parte del marido.

Un precedente inquietante

La existencia del usatge 112 nos recuerda que la presunción de inocencia no siempre ha sido un principio inquebrantable. Durante siglos, ciertos sectores de la población han visto cómo su derecho a un juicio justo era sistemáticamente vulnerado en función de su sexo, su condición social o su poder económico. Aunque en la actualidad la situación es favorable a la mujer en este tema, el debate sobre si las leyes contemporáneas han inclinado demasiado la balanza sigue abierto.

Lo que es innegable es que, en la Barcelona medieval, el sistema jurídico no dudó en inclinarse en favor de los hombres cuando se trataba de juzgar la moralidad y la conducta de sus esposas. La historia del usatge 112 es un testimonio de cómo la ley puede ser utilizada para reforzar estructuras de poder y privar de derechos fundamentales a ciertos colectivos. Una lección que, siglos después, sigue siendo relevante en el debate jurídico y social actual.