El TSJ de Cataluña condena a 4 años de cárcel a Laura Borràs, pero pide su indulto al Gobierno

La carrera política de Laura Borràs parece haber llegado a su fin. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación a la presidenta de Junts por fraccionar contratos y adjudicarlos a dedo cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Un caso de corrupción que acaba con su trayectoria, sacude con fuerza a Junts, la formación heredera de Convergència, y deja la presidencia del Parlament en un limbo. Eso sí, el fallo incorpora la petición de un insólito indulto al Gobierno que podría rebajar la pena a la mitad y así evitar la prisión.

En concreto, el tribunal presidido por Jesús María Barrientos abre la puerta a la medida de gracia y propone aplicarla de forma parcial al Gobierno, el último responsable. «Estimamos que la reacción penal que nos obliga a imponer una pena privativa de libertad en duración que en ningún caso puede resultar inferior a los cuatro años, seis meses y un día resulta desproporcionada y excesiva para la realidad que subyace en los comportamientos ya calificados invariablemente como típicos y delictivos», justifica el TSJC en la sentencia, que la defensa de Borràs planea recurrir al Supremo. Luego, y si es ratificada, la pelota caería en el tejado del Gobierno.

La condena de cuatro años y medio de cárcel –además de una multa de 36.000 euros– es por falsedad documental y los 13 años de inhabilitación son por prevaricación y falsedad documental, dos delitos que el TSJC considera acreditados.Borràs se enfrentaba a una petición por parte de la Fiscalía de seis años de prisión y 21 de inhabilitación por otorgar 18 contratos por valor de algo más de 335.000 euros a un colaborador suyo entre 2013 y 2017.

La trama, al descubierto

En su declaración como acusado, su excolaborador y examigo Isaías Herrero la inculpó y explicó que entre 2013 y 2018 él y Borràs elaboraban unos presupuestos «comparsa», que acompañaban al principal para facilitar el fraccionamiento de contratos y la adjudicación posterior a dedo. En concreto y según Herrero, ambos troceaban contratos para que no superasen los 18.000 euros, el mínimo importe establecido por ley para adjudicarlos de forma directa y no tener que pasar por un concurso público. Estos presupuestos «comparsa» ​​iban a nombre de diferentes empresas cooperativas. Luego, Herrero los enviaba por correo electrónico directamente a Borràs y ella le respondía con «OK» o bien un «NO OK» para marcar cuál sería el ganador oficial.

Unos hechos que la sentencia acredita como probados. «El encargo y la adjudicación de los trabajos encomendados al Sr. Herrero, para la creación, desarrollo y mantenimiento de la web de la ILC lo realizó personal y directamente la Sra. Borràs i Castanyer a pesar de conocer que al hacerlo prescindía del procedimiento administrativo de contratación preceptivo que debía quedar sometido a un procedimiento abierto con concurso público». El fallo detalla que «para crear una apariencia de respeto a los principios de publicidad y libre concurrencia en cada uno de los expedientes de contratación, Borràs le dio instrucciones a Herrero sobre cómo proceder para facturar sus trabajos a la ILC» mediante los mencionados presupuestos «comparsa».

Además, la sentencia señala que la dirigente fue advertida desde un primer momento, incluso con las recomendaciones de la Generalitat sobre contratación pública, «sin que por ello modificase en nada sus designios de adjudicar los trabajos Herrero». El fallo, de 109 páginas, cuenta con un voto particular discrepante de una magistrada en el que sostiene que la pena no podía ser superior a los 21 meses de prisión.

Al margen del contenido de la sentencia, lo cierto es que esta condena abre varios interrogantes, con la presidencia del Parlament en el centro y la gran pregunta de qué ocurrirá con su puesto en la Cámara. Cs y Vox ya han pedido a la Junta Electoral Central la retirada inmediata del acta de diputada a la posconvergente, una reclamación a la que se unirá el PP. Cuando lo oficialicen, la JEC puede proceder a ejecutar la orden tras evaluar el caso. De hecho, hay dos precedentes cercanos, uno con el propio Quim Torra y el otro con Pau Juvillà, diputado de la CUP, a quienes les retiraron las credenciales sin sentencia firme.

Sin embargo, este jueves todos los partidos salieron en tromba para pedir la dimisión de Borràs, condenada por corrupción. En unas inéditas y contundentes palabras, el propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, pidió acabar con la interinidad en la Cámara tras conocer la condena a la presidenta de Junts. «Es imprescindible que los grupos parlamentarios del Parlament tomen las decisiones que estén en su mano para que todas las instituciones del Parlament, también la presidencia, puedan funcionar con plenas funciones», zanjó.

En este sentido, los Comunes forzarán en los próximos días una reunión con todos los grupos para abordar el relevo, una situación que evidenciará de nuevo la soledad de Junts.

Las duras críticas de Aragonès

El atrincheramiento de Junts y de Borràs, quien compareció ante el Parlament para denunciar que no había tenido un juicio «justo», contrasta con la nítida posición del Govern de Aragonès. En unas declaraciones públicas, el jefe del Ejecutivo habló abiertamente de «corrupción» y de unos «hechos graves» en la causa y pidió no mezclarla con el independentismo. «No debería escudarse en una causa común y compartida como es la causa por la independencia», puesto que su juicio no estuvo relacionado con el 1-O. Junts y Borràs denunciaron hasta el final una supuesta «represión» que hasta Esquerra niega.