La Justicia avala la eutanasia para la joven de Barcelona y no da la razón a su padre

La Justicia ha inadmitido finalmente el recurso que presentó un padre contra la concesión de la eutanasia a su hija de 23 años en Barcelona. La chica sufre, a nivel psicológico, un trastorno límite de la personalidad y otro obsesivo compulsivo. Además, carece de movilidad en las dos piernas por una lesión medular que le produjo, en 2022, un intento de quitarse la vida. Tiene reconocida una discapacidad del 74%.

El Juzgado de la Contencioso-Administrativo número 12 de la capital catalana avala así que se le permita morir asistidamente al entender que los argumentos en contra de su familia, a la que representa Abogados Cristianos, no coinciden con las conclusiones de los médicos que evaluaron su situación y al no haber tampoco presentado ninguna prueba que las rebatan.

En primer lugar, señala la jueza en su sentencia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, que "todos los profesionales que han intervenido en el proceso coinciden en afirmar que sufre un padecimiento grave, crónico e imposibilitante". En este sentido, entiende que desvirtúa que la alegación del padre de que tiene "posibilidades de mejora" en base a unos vídeos en los que se la ve subiendo una escalera con ayuda de muletas y caminando con ayuda de un andador.

La magistrada descarta también que esté incapacitada para decidir sobre someterse a la eutanasia por los trastornos psicológicos que padece y el hecho de que, según la familia, hubiese modificado varias veces su postura. En el fallo judicial se señala que el letrado del progenitor "no ha propuesto ni un solo testigo para declarar sobre estos cambios de opinión" y se limitó a aportar un escrito en que la joven solicitó un aplazamiento de 6 meses de su eutanasia.

La jueza da, en este sentido, credibilidad al punto de la declaración de la mujer en que refirió que "no era consciente de lo que estaba escribiendo, al dictado de otras personas, dado su estado de somnolencia" y rechaza, por ello, "otorgar a la carta carácter de prueba de una voluntad cambiante".

Por otro lado, considera "acreditada" su capacidad para solicitar la prestación a través de "distintos informes emitidos por especialistas en psiquiatría" que exponen que "tiene conservadas sus capacidades para tomar todo tipo de decisiones".

El órgano judicial rechaza, además, que el padre tenga legitimación para actuar contra la concesión de la eutanasia a su hija en base - como este invocó- a la defensa del derecho a la vida, dado que la ley y la jurisprudencia solo lo prevén para menores de edad o personas incapacitadas.

"En el presente caso la beneficiaria es una persona mayor de edad y su padre no solo no ha promovido ningún procedimiento de incapacitación, sino que tampoco ha aportado ninguna prueba de la presunta incapacidad (...), que fueron analizadas por diversos profesionales", recoge la sentencia.

Asimismo, resuelve que hay ningún "indicio de delito" en la actuación de la dupla de un jurista y un médico que mostraron su desacuerdo sobre si se debía conceder la eutanasia a la joven y elevaron el asunto a la comisión de evaluación y garantía de la Generalitat, que fue quien finalmente por unanimidad de sus 19 miembros la aprobó.

Abogados Cristianos reclamaba la nulidad del proceso asegurando que habían "falseado el informe" y lo habían admitido en sus declaraciones como testigos en sede judicial. Ahora, la jueza estima que "en absoluto vicia de nulidad" que los profesionales "en un caso complejo, para mayores garantías, decidieron de consenso elevar el asunto" a la comisión. A la dupla les generó dudas si se podía considerar el sufrimiento que padece como "grave, crónico e imposibilitante".

El padre presentará una querella contra la dupla

El padre, a través de su representación legal que ejerce Abogados Cristianos, confirma a LA RAZÓN que recurrirá en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la inadmisión del recurso que la jueza ha basado en su falta de legitimación para actuar contra la eutanasia de su hija.

Paralelamente, adelantan a este diario que interpondrán una querella por falsedad documental contra la dupla del jurista y el médico para insistir en su acusación de que "falsearon el informe" en base a su desacuerdo. Cuando, sostiene la familia, admitieron en sede judicial que sí que coincidían en otorgarla, pero prefirieron que la decisión recayese sobre la comisión de la Generalitat.