La Generalitat pide la eutanasia para la joven a quien un juzgado la detuvo "in extremis"

La Generalitat ha pedido que se autorice la eutanasia a la joven con paraplejía a quien se suspendió "in extremis" el proceso, ya que cumple los requisitos, y ha acusado a su padre y a Abogados Cristianos de intentar "entorpecer" el ejercicio de este derecho y "desalentar" a la chica.

Así lo sostiene el gabinete jurídico de la Generalitat en un escrito, al que ha tenido acceso EFE, remitido a la titular del juzgado contencioso número 12 de Barcelona, después de que Noelia, de 24 años, ratificara el pasado 4 de marzo ante la jueza su voluntad de tener una muerte digna y denunciara las "coacciones" que recibió de entornos católicos hasta que se paralizó "in extremis" su eutanasia.

El proceso enfrenta a la Generalitat, que defiende la decisión de la Comisión de Garantía y Evaluación que, en julio de 2024, autorizó por unanimidad la eutanasia de Noelia, y al padre de la chica, representado por el colectivo Abogados Cristianos, que en agosto pasado lograron detener el proceso.

La Generalitat destaca que un notario se entrevistó con Noelia, que ratificó su voluntad de seguir adelante con el proceso de petición de eutanasia.

Para el Govern, la jueza no cuenta con ningún criterio médico alternativo que cuestione la corrección de la decisión de otorgar la prestación de la eutanasia a la joven, que sufre una patología crónica y permanente, sin posibilidad de mejora o reversión, y sí de empeoramiento, y que le causa un "sufrimiento grave, crónico e imposibilitante".

En este sentido, subraya el escrito que Noelia tiene las habilidades cognitivas y psicológicas "suficientes" para "gobernar sus actos"

En su escrito, la Generalitat asegura que la joven está capacitada para decidir y alega además que ningún informe cuestiona que Noelia cumpla las exigencias previstas en la ley para tener una muerte digna Además, recrimina al padre de la chica que en este procedimiento haya tenido "como única finalidad entorpecer el máximo tiempo posible el ejercicio de un derecho fundamental" y, en última instancia, "desalentar" a la joven para que renunciara.

Y todo ello pese a que en el proceso, según la Generalitat, no se ha aportado ninguna prueba que contradiga las conclusiones médicas ni que permita "dudar de la voluntad inequívoca" de la joven de tener una muerte digna.