El independentismo culpa ahora al Estado del fracaso escolar catalán

El independentismo protagoniza una nueva cruzada por el catalán a las puertas de las elecciones generales del 23-J y coincidiendo con el fracaso del frente común de Pere Aragonès en el terreno estrictamente político. Ayer y a cuenta de un pleno monográfico sobre educación en el Parlament, Junts achacó a las «injerencias judiciales del Estado» –así denomina la sentencia a favor del 25% de castellano en las aulas– el fracaso escolar catalán, con una alta tasa de abandono y malos resultados en comprensión lectora, a la cola del resto de España y de Europa.

En concreto, el diputado posconvergente Albert Batet llamó a defender el modelo de escuela catalana, «un modelo de éxito y que la actual gestión y los ataques políticos y judiciales de Madrid pueden poner en peligro», e instó a actuar tras desgranar algunos de los malos resultados publicados recientemente y sin ápice de autocrítica.

Entre ellos se refirió al estudio internacional PIRLS, que constata que el resultado en comprensión lectora se desploma entre alumnos de cuarto de Primaria, convirtiendo Cataluña en la comunidad con peores resultados, solo por delante de Ceuta y Melilla. «Quieren debilitarnos como país», abundó Batet blindando el modelo de inmersión monolingüe en catalán que arrincona el castellano y cierra la puerta al bilingüismo en las aulas.

Un alambicado argumento, defendido luego por el propio presidente Aragonès, que el independentismo rubricó al presentar una propuesta para impulsar un Pacto Nacional «ante los ataques sistemáticos del Estado».

«El texto propone una vía para proteger el modelo de escuela catalana frente a intromisiones políticas y judiciales», avisaron en este sentido. Los dos grupos parlamentarios también quisieron constatar en el Parlament que «la escuela catalana es un ejemplo de equidad y cohesión social, con la lengua catalana como lengua vehicular y factor de inclusión y vertebración social». Es decir, reclaman la vehicularidad del catalán en los centros educativos como un factor de inclusión en la sociedad. Una exigencia que colisiona con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordena fijar un 25% de castellano en las aulas, avalada por el Supremo y que el Govern de Pere Aragonès se negó a aplicar y sorteó aprobando una nueva normativa en la Cámara, ahora en manos del TC.

«Nos avisan de que Cataluña será la próxima. Hay mucho en juego. Preparémonos para afrontar esta ofensiva», lanzó la nueva consejera de Educación, Anna Simó, sobre un hipotético Gobierno entre PP y Vox en la Moncloa que el independentismo ya da por hecho. En este sentido, la republicana desmintió que los mencionados malos resultados en comprensión lectora se deban al modelo de inmersión monolingüe en catalán y subrayó que garantizar su aprendizaje en las escuelas sigue siendo un «pilar y palanca de igualdad de oportunidades».

Por otro lado, la Generalitat trata de sofocar la guerra abierta de los profesores y docentes del ámbito educativo contra la consejería por su gestión. También ayer, Simó se ofreció a mantener un diálogo abierto con sindicatos y docentes para mejorar sus condiciones. También se comprometió a «revertir los recortes» en el sistema educativo con un calendario concreto, y aseguró que lo hará tan pronto como se pueda hacer una buena distribución de los recursos públicos.