Vivienda

La Generalitat rechaza una huelga de alquileres y aboga por construir más vivienda pública

La portavoz, Silvia Paneque, ha subrayado la importancia hacer una normativa más estricta y aplicar un régimen sancionador a las "prácticas irregulares"

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu EUROPA PRESS 26/11/2024
La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia PanequeEUROPA PRESSEuropa Press

La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defendido que la huelga de alquileres "no es el camino a recorrer", y ha abogado por construir más vivienda pública. Lo ha hecho en la rueda de prensa posterior a la reunión ejecutiva, donde uno de los temas que se han tratado ha sido, en sus palabras, "una de las prioridades que más preocupa y ocupa a los catalanes y al Govern: la vivienda".

Paneque ha afirmado que el gobierno liderado por Illa está dispuesto a hablar "con todos los actores implicados en el ámbito de la vivienda" tras la manifestación del sábado en Barcelona organizada por el Sindicat de Llogateres. "Es una cuestión compleja y prioritaria, y tenemos el interés de escuchar a todo el mundo. Con el Sindicat de Llogateres en particular, yo misma tuve una primera reunión y se han reunido con el equipo de la Consejería en dos ocasiones más", ha dicho la portavoz.

Construcción de vivienda pública: la receta del Govern

Paneque ha destacado que el principal problema en Cataluña es la falta de vivienda pública, un déficit, ha dicho, acumulado durante años de políticas insuficientes. Según la portavoz, actualmente el parque público no alcanza ni el 2% del total de viviendas, muy por debajo del 15% que se considera necesario para garantizar el acceso asequible a la vivienda. "Es algo que no se soluciona de hoy para mañana, pero tenemos claro el camino a seguir", ha explicado.

El Govern se ha comprometido a construir 50.000 viviendas públicas antes de 2030, un objetivo que forma parte de un plan a 20 años con el que se busca alcanzar ese 15% de vivienda social. Paneque ha valorado positivamente la colaboración de los ayuntamientos, que han mostrado "inquietud y voluntad de movilizar suelo público". La primera convocatoria de terrenos destinados a este fin tendrá lugar en febrero de 2025.

Además, la consejera ha subrayado la importancia de combinar la construcción con una normativa más estricta. "Es necesario recorrer dos caminos en paralelo: construir más vivienda pública y reforzar la regulación para evitar que las viviendas actuales sean desviadas a otros usos, como el mercado turístico", ha señalado.

Negociaciones y medidas en marcha

El Pacto Nacional por la Vivienda será una herramienta clave para abordar la problemática desde múltiples frentes, ha explicado Paneque. En este marco, el Govern constituirá cinco grupos de trabajo entre diciembre y enero, que permitirán canalizar las demandas de los sectores implicados. Según Paneque, este enfoque garantiza un diálogo "estructurado y efectivo".

El régimen sancionador es otro de los puntos en los que el Ejecutivo apuntará. La Generalitat planea ampliar el cuerpo de inspectores para detectar y sancionar prácticas irregulares, como el desvío de alquileres habituales hacia el mercado de temporada. "Queremos garantizar que el uso de las viviendas se ajuste a la legalidad y al interés social", ha declarado.

Vivienda, el tema caliente de la negociación de los presupuestos

La negociación de los presupuestos entre el Govern y las fuerzas de izquierda tiene a la vivienda como una de las llaves. El portavoz de los comunes, David Cid, ha instado a Illa a posicionarse: “O se está con las personas que se manifestaron el sábado o del lado de los que hacen negocio”. Además, también ha reclamado limitar los alquileres de temporada, incrementar los recursos para la construcción de vivienda pública y avanzar en políticas que garanticen el acceso a una vivienda asequible.

Por su parte, la CUP ha presionado en la misma dirección. La diputada Laure Vega ha abogado por una regulación más estricta que limite los alquileres y, en algunos casos, los reduzca drásticamente. “La vivienda no debería ser un bien de especulación, sino un derecho esencial”, ha señalado, poniendo como ejemplo los modelos de Países Bajos y Austria, donde un sólido parque público de vivienda social garantiza el acceso al alquiler asequible. Vega ha insistido en que medidas como estas deberían estar en el centro del debate presupuestario.