La Generalitat desafía a la Justicia española y pedirá mayor conocimiento del catalán a los futuros profesores

La conselleria de Educación impulsó ayer el decreto del régimen lingüístico del sistema educativo, que precisa cómo aprobar, evaluar y revisar los proyectos lingüísticos de centro (PLC) en Cataluña, para «dar seguridad» a las escuelas y que refuerza que el departamento es el responsable de estos proyectos.

En rueda de prensa, la consellera de Educación, Anna Simó, informó ayer ya comenzó el trámite de información pública de este decreto, que se extenderá hasta el 15 de septiembre «para que todo el mundo pueda hacer sus aportaciones y que salga un texto robusto y consensuado».

Afirmó que este decreto se enmarca en el plan de fomento del catalán, en cumplimiento de la voluntad del debate monográfico de Educación, para que «el catalán sea un eje a partir del cual se vertebre el proyecto educativo» del centro, y desplegar el título segundo de la Ley de Educación de Cataluña (LEC).

Este decreto contempla que los responsables de los proyectos educativos de las escuelas «no son las direcciones de los centros, sino el departamento de Educación», así como también asegura que los proyectos lingüísticos no se puedan cambiar con el curso iniciado y la vehicularidad del catalán en las aulas de Cataluña.

Además, garantizará que los estudiantes finalicen su educación obligatoria con un buen nivel escrito y oral de lengua catalana, el conocimiento del catalán por parte de alumnos recién llegados a Cataluñaa y se solicitará a partir del curso 2025-2026 el C2 de lengua catalana para acceder a la profesión docente.

El impulso de este decreto surge después de que el pasado jueves el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) avalara el 25% de castellano en tres aulas de escuelas de Cataluña, pidiendo que al menos un asignatura troncal, adicional a la de castellano, fuera impartida en lengua castellana.

Simó aseguró que hace «bastantes años que este decreto tendría que haber existido» ya que desarrolla el título segundo de la LEC, y además añade el decreto ley del catalán en las aulas que rechaza porcentajes y la ley 8/2022 que se pronuncia en el mismo sentido.

La secretaria general de Educación de la Generalitat, Patrícia Gomà, explicó que se prevé que el decreto se someta a aprobación del Govern de cara a abril de 2024, y preguntada por si han recibido las resoluciones del del TSJC de la semana pasada, señaló que «aún no han sido notificadas» al departamento.

La conselleria, en su plan de fomento del catalán, también prevé incrementar los recursos de acogida a alumnado recién llegado a partir de 2024, ya que según Simó «es uno de los grandes retos del sistema educativo», y se hará un plan de choque de formación para tutores de aulas de acogida y elaboración de nuevos materiales.

También se insta a promover la investigación en prácticas educativas que favorezcan la «adquisición precoz de la lengua y el éxito de aprendizajes y usos lingüísticos»; incentivar la formación lingüística de las familias; crear una plataforma de contenidos audiovisuales educativos en catalán, impulsada por la Conselleria y 3Cat de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

Apuesta por introducir nuevos contenidos y habilidades sobre diversidad lingüística en el máster de profesorado de ESO; desplegar talleres de usos lingüísticos en el ámbito educativo (ULAE); fomentar la evaluación de los datos sobre competencia lingüística del alumnado; y continuar impulsando los planes educativos de entorno (PEE), pasando de los 118 municipios actuales a 162 en 2025.

Simó remarcó que el Govern con este plan pretende proteger los proyectos lingüísticos de los centros y rechazar las injerencias políticas y judiciales –en sus palabras–, y aseguró : «Esta consellera y el Govern no permitiremos el retroceso de derechos lingüísticos».