La Generalitat de Cataluña reactiva la campaña para controlar que los comercios rotulen y atiendan en catalán

El departamento de Política Lingüística de la Generalitat ha desarrollado los Planes de Acción Ofercat que incluye el envío de comisarios lingüísticos a los comercios para asegurarse que los dependientes hablen catalán, con la excusa de darles cursos de formación in situ. Según la web de la Generalitat esta acción tiene «el reto de conseguir que los comercios se sientan orgullosos de comunicarse en catalán en tanto que mejora el servicio al cliente y como señal de identidad».

Este plan ya se está desarrollando en algunas localidades, como Sant Cugat del Vallés y Cerdanyola del Vallés y una de sus acciones es ‘Comerços aprenents’ que consiste en enviar a los comercios, para que los dependientes no tengan escapatoria y no puedan decidir si van o no a escuelas de formación, a comisarios lingüísticos (‘técnicos del Centro de Normalización Lingüística’ en el lenguaje de la administración) para darles clases de formación elemental de lengua catalana, informa El Catalán.

«Esto dará la oportunidad para que el personal que se forme pueda comenzar a dirigirse en catalán en interacciones sencillas. También se proporcionará información sobre las vías presenciales y en línea para aprender catalán, se divulgarán las subvenciones existentes para la introducción del catalán en las empresas y se informará de derechos y deberes», dicen.

Pese a la prohibición del Tribunal Constitucional en 2017, el año pasado, la Agencia Catalana del Consumo de la Generalitat de Cataluña impuso en 2022 un total 68 sanciones a locales, bares y restaurantes por no rotular en catalán, mientras que en 2021 fueron 16. Es decir, se cuadruplicaron las sanciones. En 2022 se recaudaron por este motivo 112.606 euros, por 17.350 el ejercicio anterior.

De esta manera, la Agencia Catalana de Consum recaudó 3.344.187 euros en 2021 en sanciones contra empresas que incumplieron con la Ley del Código de consumo, aprobada por el Parlament en 2010 y que obliga a usar el catalán en los servicios y productos que se venden en la comunidad autónoma. No obstante, solo 17.350 euros de este montante se debió a la «vulneración de los derechos lingüísticos».