El Parlament de Cataluña ha celebrado hoy la primera sesión de control al Govern en un clima ligeramente más tenso que el vivido durante el Debate de Política General de la semana pasada. Consolidada la mayoría progresista como eje principal de las políticas del ejecutivo, que salió reforzado del hemiciclo tras el mismo, los «socios» que llevaron a Salvador Illa a la Generalitat han querido hoy advertirle de que los Presupuestos de 2025, la siguiente principal carpeta del Govern, «no están garantizados». Tanto ERC como comunes han puesto deberes a Illa, exigiendo respectivamente avances en el modelo de financiación singular y más concreciones en políticas de Vivienda a cambio de unas cuentas que el presidente quiere aprobar antes del mes de enero.

Los republicanos han sido muy claros al respecto. «Valoramos sus gestos pero necesitamos avances concretos», ha dicho su portavoz en la Cámara, Josep Maria Jové. Illa ha recalcado su «compromiso» con los acuerdos de investidura y se ha anunciado que se multiplicarán por cuatro los recursos de la Agencia Tributaria catalana, que a tenor de lo pactado debería recaudar íntegramente el IRPF en el ejercicio de 2025. Jové ha advertido que «no vale cuestionar la capacidad técnica de la Generalitat» para justificar retrasos en la implementación de los acuerdos, y ha vuelto a apelar a Junts para que la «soberanía fiscal» sea posible con la mayoría del Congreso de los Diputados. Los posconvergentes han desplegado de nuevo su argumentario contrario a un «cupo» del que desconfían, y han aprovechado el pleno para atacar a Illa por su «poca fiabilidad», su «debilidad parlamentaria» y su participación en los actos del Día de la Hispanidad en Madrid, algo criticado también por la CUP.

Respecto a las exigencias de los comunes, Illa ha recordado su compromiso con las 50.000 viviendas públicas anunciadas la pasada semana y ha prometido desplegar el régimen sancionador de la Ley de Vivienda «lo antes posible», algo que se contempla en su pacto de investidura con la formación que encabeza Jéssica Albiach, que ha amenazado directamente con no votar «ningún Presupuesto que no tenga como prioridad el acceso a la vivienda». «Construiremos donde se pueda, donde haya suelo que reúna las condiciones para hacerlo y donde se garantice, evidentemente, que haya buenas condiciones de movilidad», ha asegurado el presidente de la Generalitat, añadiendo que no le gusta la especulación «ni respecto a la vivienda ni en ningún ámbito», en respuesta a Albiach. El líder de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, ha asegurado por su parte que su formación prepara un plan de choque contra las políticas del Govern en este sentido, que consideran «un disparate».

El PP de Alejandro Fernández, que ya situó en el DPG como «prioritario» bajar impuestos, ha vuelto a reprochar a Illa que Cataluña sea la región con más tributos propios de España, instando al ejecutivo a revisar su política fiscal y recibiendo como respuesta por parte de la consejera de Economía, Alícia Romero, que «el PP es el partido de los ricos». Fernández, asimismo, ha recriminado a Illa su voluntad de convertir la Jefatura de la Via Laietana de Barcelona en un centro de memoria, acusándole de querer «expulsar a la Policía Nacional» del edificio. «Afortunadamente, los cuerpos y fuerzas de seguridad hoy tienen poco o nada que ver en como eran en la dictadura franquista, no se trata de expulsar a nadie, se trata de honrar la memoria de unas personas que allí fueron maltratadas y torturadas», ha respondido Illa. Según el líder del PP, se trata de «otro chantaje puro y duro de los independentistas».

Illa, finalmente, ha asegurado que el Govern no suspenderá las ayudas a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (Unrwa) como ha reclamado en su intervención la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols; y entre otros asuntos que han protagonizado la primera sesión de control al Govern de la legislatura, la Cámara ha querido rendir homenaje al expresidente de la Generalitat Lluís Companys, fusilado por la policía franquista, con un breve acto al que no han asistido ni PP ni Vox. Los de Garriga han querido boicotearlo colgando unos carteles recordando los asesinatos cometidos por el político de ERC; y el PSC, que sí ha homenajeado a Companys, ha evitando, abstuviéndose, que el Parlament pueda exigir disculpas al Estado por su asesinato.