La encrucijada de la justicia catalana

Desde que empezó a ocupar el cargo de conseller de Justicia, Ramon Espadaler, su principal objetivo fue enfrentarse a dos de los déficits eternos e históricos de la justicia catalana. El colapso en los juzgados y mejorar las condiciones del castigado turno de oficio.

En apenas un año, de 2022 a 2023, el turno de oficio perdió más de un millar de abogados, y el motivo principal reside en unas retribuciones muy mejorables, a juicio de los letrados.

Para intentar paliarlo, Espadaler anunció ayer un acuerdo entre todas las partes para aumentar en ocho millones de euros la partida presupuestaria destinada a mejorar las condiciones del turno de oficio, pasando de 64 millones a 72 millones, lo que supone un incremento de un 13%.

Este acuerdo permitirá ampliar la prestación de asistencia jurídica gratuita a tres nuevos colectivos vulnerables: los menores de edad atendidos en Barnahus por haber sido víctimas de violencia sexual, las mujeres internas en centros penitenciarios víctimas de violencia machista, «un colectivo vulnerable entre los vulnerables», según Espadaler, y los procedimientos de personas físicas que quieran iniciar un procedimiento de segunda oportunidad.

Espadaler añadió que este acuerdo deriva de una petición del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que quince días después de tomar posesión de su cargo se dirigió a todos los consellers mediante una carta el 29 de agosto para definir la hoja de ruta de cada uno de los departamentos.

Este acuerdo supone un desbloqueo en las negociaciones entre el Govern y el Consell de l’Advocacia Catalana (Cicac) que duraba ya «quince años», según su presidenta, Marta Martínez. Indicó que el aumento de ocho millones es muy importante pero, en sus palabras, hace falta seguir trabajando para alcanzar un incremento de 23 millones, cifra que estima que se necesitaría para cubrir todas las necesidades detectadas en el turno de oficio.

El acuerdo fue, en palabras de Espadaler, «una obra de orfebrería», pues el aumento no se hará de forma lineal, sino que el dinero será distribuido según las necesidades, Martínez precisó que irá desde un incremento de un 2% en algunas guardias, que será prácticamente indetectable, hasta un 25% en los casos de recursos en segunda instancia.

Respecto al colapso judicial, Espadaler anunció recientemente la creación de un plan para la descongestión de la justicia, que será crucial en la legislatura porque «una justicia lenta, es menos justicia».

De forma dialogada y consensuada con el poder judicial y los diferentes actores jurídicos prevé seguir con el «despliegue de la Estrategia Justicia 2030, la modernización de los juzgados de paz y las oficinas judiciales, y la incorporación de la inteligencia artificial, un reto para el apoyo a las funciones judiciales».

El conseller subrayó que se debe superar la parálisis de los juzgados, principalmente en el ámbito penal y en el de la multirreincidencia. Espadaler achacó estas dilaciones a la falta de órganos judiciales para poder atender con celeridad los procesos judiciales y a un incremento delictivo.

Ante el incremento de la multirreincidencia delictiva, Espadaler anunció que pronto se creará «un grupo de trabajo para abordar esta problemática, con una visión integral con los actores integrados: fiscalía, judicatura, Mossos d’Esquadra, Ayuntamiento de Barcelona, abogacía y el departamento de Interior», como ya anunció también la titular de Interior, Núria Parlon.

Con respecto al Centro de Mediación de Cataluña, hay que continuar diseñando e implementando una red para el fomento y la difusión de la mediación en el mundo local para garantizar la cohesión social y la convivencia ciudadana, cree el consejero.

Con esta finalidad se impulsará el anteproyecto de ley de prevención, gestión y resolución de conflictos.