Cataluña activa el registro de grandes tenedores con régimen sancionador

La Generalitat de Cataluña ha dado un paso más en su política regular la vivienda con la aprobación de un Decreto Ley que incluye la creación de un registro obligatorio de grandes tenedores. Esta nueva normativa establece un régimen sancionador para aquellos propietarios que no faciliten información sobre sus inmuebles a la administración autonómica, en un intento por intensificar el control y la regulación del mercado inmobiliario. Además, el decreto introduce medidas para acelerar la construcción de vivienda pública y facilitar la promoción de nuevos proyectos residenciales.

El nuevo decreto obliga a todas las personas físicas o jurídicas que posean más de diez viviendas a inscribirse en un registro oficial y a proporcionar información detallada sobre sus propiedades, incluyendo su estado de ocupación. En caso de incumplimiento, la normativa califica esta omisión como una «infracción grave», lo que conllevará sanciones económicas aún por determinar. La medida busca aportar transparencia y permitir una mejor gestión de los inmuebles desocupados, facilitando su puesta en el mercado de alquiler o su posible adquisición por parte de la administración.

Según explicó la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, esta herramienta permitirá a la Generalitat tener un control más preciso sobre el mercado inmobiliario y detectar posibles abusos o situaciones de acaparamiento de viviendas. «Queremos saber cuántos grandes tenedores hay en Cataluña, qué propiedades tienen y cuáles están vacías. Esta información es clave para movilizar vivienda en caso de necesidad», afirmó.

Agilizar la vivienda pública

Además del registro de grandes tenedores, el decreto incluye una serie de medidas destinadas a agilizar la construcción de vivienda social en Cataluña. El objetivo es alcanzar los 50.000 nuevos pisos públicos para el año 2030 y garantizar que su precio de alquiler no supere el 30% de los ingresos familiares. Para ello, se ha simplificado la burocracia en los procedimientos de planeamiento urbanístico y se han habilitado mecanismos para reducir los plazos de entrega de las promociones.

Una de las principales novedades en este ámbito es la posibilidad de iniciar obras con una licencia básica, antes de contar con el proyecto ejecutivo definitivo. Esta medida, según Paneque, permitirá reducir los tiempos de construcción entre seis y ocho meses sin comprometer la seguridad. Además, el decreto modifica la ley de depósito y fianza para liberar 80 millones de euros de la reserva del Incasòl (Instituto Catalán del Suelo), que se destinarán a nuevas promociones.

El decreto también refuerza la protección del parque de vivienda adquirida con fondos públicos. Todas las viviendas adquiridas mediante el derecho de tanteo y retracto pasarán a ser de protección oficial permanente. Esto significa que no podrán venderse por encima del precio original de compra, ajustado al IPC acumulado, evitando así la especulación con estos inmuebles.

Para fomentar la promoción de vivienda en suelos municipales, se establece un modelo único de alquiler y venta para toda Cataluña, fijando el precio en 10,65 euros por metro cuadrado y garantizando a las promotoras la explotación de estos inmuebles durante 75 años. Transcurrido este plazo, tanto el suelo como los edificios pasarán a ser de titularidad pública. «Queremos que sea atractivo construir en suelos públicos de Cataluña», enfatizó Paneque. Otra medida relevante es la sustitución de los consorcios formados por Incasòl y los ayuntamientos por convenios urbanísticos, lo que permitirá flexibilidad en las áreas residenciales.