Crean 5 nuevos juzgados contra la multirreincidencia en Barcelona después de que la ciudad supere la tasa de delincuencia de Madrid

Es de sobras conocido que la inseguridad es uno de los principales problemas para los barceloneses desde hace tiempo. No es casualidad que la tasa de delincuencia de la capital catalana y el volumen de juicios pendientes superen a los de Madrid.

La opinión generalizada entre los barceloneses es que los ladrones multirreincidentes salen de la comisaría apenas unos minutos después de haber entrada. Y que si estos delincuentes van a juicio, éste tarda más de un año en celebrarse. Un cúmulo de hechos y opiniones que creó una enorme percepción de inseguridad, que viene acompañada por las cifras.

De esta manera, el Ministerio de Justicia y la Generalitat acordaron ayer poner en marcha el año próximo en Barcelona un tercer juzgado de guardia para delitos leves, principalmente hurtos, y otros cuatro juzgados penales, en el marco del plan de choque para atajar la multirreincidencia en la capital catalana.

Se acordó en una reunión a la que asistieron el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Justicia, Félix Bolaños; el conseller de Justicia, Ramon Espadaler; y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Con los nuevos cinco órganos –previstos para el primer trimestre de 2025 y que serán de refuerzo–, Barcelona dispondrá de 33 juzgados de lo penal, dos más que Madrid, lo que según Bolaños permitirá «agilizar» los juicios rápidos en los casos de hurtos y otros delitos leves y acortar los tiempos de celebración para acercarlos a la media española, que es de seis meses frente a los trece o catorce de la capital catalana.

Los nuevos juzgados penales, que se dedicarán en exclusiva a enjuiciar delitos leves, serán de refuerzo y, por lo tanto, no permanentes, aunque el ministro aseguró que «se mantendrán el tiempo que sea necesario en Barcelona. Y si hacen falta más, los habrá».

Otra de las medidas previstas en el plan de choque es que la Guardia Urbana tendrá acceso por primera vez a la información del llamado Siraj, un banco de datos policial que permite saber si un detenido por hurto tiene condenas previas por el mismo delito, así como el valor de lo sustraído.

Esos datos resultan claves a la hora de enviar a juicio a los autores de hurtos, dado que el tipo de procedimiento depende en buena medida de la cuantía del valor robado y de la existencia de antecedentes; según Collboni, la falta de esa información provoca un millar de anulaciones de vistas al año, mientras que con el nuevo sistema se podrá acortar hasta diez meses el tiempo de espera para ser juzgado.

El ministro de Justicia se vanaglorió de este acuerdo entre las administraciones central, autonómica y municipal para atajar un problema que, a su parecer, es «grave», porque aunque la multirreincidencia abarca principalmente delitos que no tienen incidencia en la integridad física de las personas, provoca «una percepción de inseguridad en la ciudadanía».

«Tenemos localizadas a 487 personas implicadas en 6.169 actos delictivos en Barcelona, en 2023», apuntó Bolaños, que recordó que la cantidad de delitos contra el patrimonio contabilizados en la capital catalana supera con creces el de otras ciudades españolas, incluida Madrid.

Más allá fue el alcalde de Barcelona, convencido de que los hurtos son el principal «agujero negro» de seguridad en la ciudad desde «hace años», hasta el punto de haberse «normalizado» entre vecinos y comerciantes la expresión «entran por una puerta y salen por otra».

Collboni aprovechó para felicitarse por el resultado de las operaciones conjuntas entre Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra llevadas a cabo este año en Barcelona, especialmente contra robos y narcotráfico, lo que incrementó en un 7,5 por ciento las detenciones e investigaciones penales.

Bolaños, Espadaler y Collboni destacaron que el plan de choque contra la multirreincidencia supone una prueba de la plena cooperación entre las tres administraciones para resolver los problemas que afectan a la ciudadanía: se trata, en palabras del ministro, de una «nueva etapa» para Cataluña.

«Dar respuesta a los problemas de la ciudadanía es lo mejor que podemos hacer en un mandato que sitúa a los servicios públicos en el centro de la vida política», celebró Espadaler.

De acuerdo con el reparto de competencias anunciados ayer, el Ministerio de Justicia asumirá el coste de los jueces, letrados de la administración de justicia y fiscales de refuerzo necesarios para poner en marcha los nuevos órganos judiciales, mientras que la Generalitat asumirá el de los funcionarios y la ampliación de espacios para disponer de más salas de vistas.