La Generalitat confirma que quiere suprimir el 25 % de castellano en los centros que lo apliquen

Un día después de enviar una carta a todos los profesores para “invitarles” a usar el catalán en más horas lectivas, el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, confirmó su pretensión de retirar el 25% de castellano en las 47 aulas donde se aplica por la victoria judicial obtenida a título individual por familias como la de la escuela de Canet de Mar.

«La nueva normativa aprobada en Cataluña ha de servir para que en ninguna clase se apliquen porcentajes», aseguró Cambray durante la presentación de un informe para justificar el mantenimiento y fortalecimiento de la inmersión en los colegios. Ayer mismo, las entidades probilingüismo y constitucionalistas, con Hablamos Español a la cabeza, alertaron de que el departamento de Educación envió una carta que indica que “en un curso marcado por las injerencias de los Tribunales en el modelo de la escuela en catalán, desde el departamento hemos protegido jurídicamente a las direcciones, a los maestros y los proyectos lingüísticos de los centros y ahora estamos desplegando acciones concretas para incrementar el uso del catalán en el ámbito educativo”.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), instó a Gonzàlez-Cambray, a que “dicte las instrucciones, resoluciones y circulares en materia de personal docente” para asegurar que se cumple la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano.

Lo hizo en dos autos, que con la misma argumentación desestiman dos recursos de la Generalitat: el primero confirma la ejecución que ordenó a instancias de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), y en el segundo hace lo mismo con el auto que aceptó la petición del padre de un alumno, al que el tribunal dio legitimidad para personarse como parte afectada en el procedimiento.

El tribunal reprocha a la Generalitat que alegue que la sentencia vulnera derechos de alumnos y profesores pero, “sin embargo, no contribuye a argumentar por qué considera que con el fallo se están violentando los derechos de los alumnos y profesores cuando lo que se trata de asegurar es un mínimo de impartición de horas lectivas de castellano y catalán en las escuelas”.

Los jueces consideran que “no se trata de afectar los derechos de alumnos y profesores sino de garantizar un mínimo de enseñanza efectiva e inmediata mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas” en las aulas.

El auto que confirma la ejecución de la sentencia a petición del padre de un alumno de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) incluye el voto particular de dos magistrados, que cuestionan que el hombre estuviera legitimado para intervenir en el procedimiento.

Estos dos jueces ya discreparon de la decisión del tribunal cuando le admitió en el caso, y ahora lo reiteran porque el auto de este miércoles “insiste en los mismos motivos” a los que ya se opusieron.

Hace muy pocas semanas todas las escuelas e institutos catalanes debían empezar a impartir el 25 % de materias en castellano, como indican una sentencia y posterior interlocutoria del TSJC. En este sentido, el conseller volvió a lanzar un “mensaje de tranquilidad” a los profesores y directores de centros al insistir en que el decreto ley aprobado dos días antes por el Govern sobre el uso del catalán en la escuela garantiza que la responsabilidad jurídica de los proyectos lingüísticos recae “plenamente” en la consellería.