La Inspección del Gobierno responde al TSJC que no puede vigilar el 25% de castellano escuela por escuela

La Alta Inspección Educativa, que depende del Gobierno, ha respondido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que con su competencia puede verificar el cumplimiento de la ejecución del 25% de castellano en todos los centros educativos de Cataluña requiriendo información y documentación, pero que no puede visitar centro a centro, ya que incumpliría un mandato del Tribunal Constitucional (TC).

Esta es la respuesta que ha dado la Inspección en la sección 5.ª de la sala contencioso-administrativa del TSJC, que el 9 de mayo pasado ordenó la ejecución forzosa de su resolución -a petición de la Asamblea Escuela Bilingüe al considerarla parte de forma excepcional- y al mismo tiempo requería al Alta Inspección Educativa “a los efectos de verificar el cumplimiento de la parte dispositiva de la sentencia (que dictó en el 2020) en el conjunto del sistema educativo de Cataluña, informando al tribunal de la actividad desplegada y de la situación constatada a la finalización del plazo de ejecución señalado”.

En concreto, la Inspección de Educación expone la doctrina del TC recogida en una sentencia del 2018 que afirma: “Por eso, la autonomía de las comunidades autónomas impide como regla general una regulación legal de controles administrativos diferentes: exige, en principio, que las actuaciones de la Administración autonómica no sean controladas por la Administración del Estado, no pudiendo impugnarse la validez y eficacia de estas actuaciones sino a través de los mecanismos constitucionalmente previstos. Por eso, el poder de vigilancia no puede colocar a las comunidades autónomas en una situación de dependencia jerárquica respecto de la Administración del Estado.”

El TSJC constató a principios de mayo que la Generalitat no estaba implantado de forma voluntaria el 25% de castellano en todas las escuelas. Los magistrados abrieron entonces el trámite de la ejecución forzosa de la sentencia, es decir, obligar al Govern a implantar el 25%. Además instaron a la Alta Inspección de Educación a que vigilara el cumplimiento del fallo, y que informara al tribunal “de la actividad desplegada” por el Govern para ejecutar la sentencia.

La directora de la Alta Inspección en Cataluña responde a los jueces que para cumplir con su requerimiento solicitó “toda la información y documentación conveniente” al Govern. Se trata de los mismos documentos que el propio departamento de Educación ya presentó al TSJC para argumentar que había una “imposibilidad legal” de cumplir con el fallo: el nuevo decreto educativo y las instrucciones y encuestas enviadas a los centros que, según el Govern, garantizan el dominio oral y escrito de ambas lenguas.