La Generalitat incurre en fraude de ley al avalar las fianzas a los líderes del procés

El Govern de Pere Aragonès ha ideado un mecanismo para avalar de forma externa y con una entidad bancaria de por medio a los 34 exresponsables y altos cargos del Govern –entre ellos, Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras– por el «procés». Una fórmula algo alambicada para afrontar el pago de los 5,4 millones de euros en concepto de fianza que reclama el Tribunal de Cuentas por los gastos destinados a la promoción internacional entre 2011 y 2017. Se trata de un «fondo complementario de riesgos», con una aportación inicial de 10 millones –el doble del montante de 5,4 millones que reclama el ente fiscalizador– para el rescate de los «servidores públicos en el ejercicio de su cargo». Una herramienta que actuará como garantía para que una entidad financiera –con la que se está negociando y cuyo nombre no se ha desvelado– sí avale las fianzas.

El fondo se ha aprobado mediante un decreto ley que entrará en vigor hoy mismo, estará gestionado en un inicio por el Institut Català de Finances, un organismo dependiente del Govern, hasta que no se constituya una comisión gestora y se vehiculará a través de la citada entidad bancaria. El Ejecutvo tampoco aclaró de qué partida presupuestaria se bloqueará el dinero. El procedimiento será el siguiente: los exaltos cargos afectados deberán presentar una solicitud ante el citado Institut Català de Finances, que comprobará las peticiones y emitirá un contraaval. Y será la entidad bancaria privada la que avale la cantidad concreta requerida por el Tribunal de Cuentas con el contraaval –el fondo público de la Generalitat, de 10 millones de euros– como garantía.

Un mecanismo algo complejo –«bloquear un dinero para un aval» durante un tiempo «concreto», en palabras del titular de Economía, Jaume Giró– para tratar de blindar a la institución ante los riesgos judiciales que podría entrañar la maniobra. Y es que la operación de cargar directamente a las arcas públicas los avales del Tribunal de Cuentas podría llevar al Govern a incurrir en posibles delitos de malversación o prevaricación, como ya ha alertado el propio ente fiscalizador y la oposición.

En este sentido, el titular de Economía (en manos de JxCat) rechazó de plano que el fondo implique cometer ningún delito y defendió que cuenta con todas las garantías jurídicas. Así, Giró subrayó una y otra vez que «no hay desplazamiento patrimonial de la Generalitat» hasta que no haya «sentencia firme». «Es un decreto ley muy robusto, no habrá malversación de fondos, la Generalitat nunca pierde ni un euro», reiteró la consejera de Presidència, Laura Vilagrà (ERC).

La incógnita es saber qué ocurrirá cuando haya «sentencia firme» y si es condenatoria: la Generalitat «recuperará el dinero y los intereses» y los costes del procedimiento, aseguró Giró. La pregunta es cuándo y cómo: el Govern no lo ha terminado de aclarar y sólo ha explicado que esperará hasta que el caso se resuelva en última instancia, en Estrasburgo –si los encausados agotan todas las vías judiciales– para reclamar el montante a los condenados. «Cuando nos encontremos el puente, ya lo cruzaremos», se limitó a decir en un momento de la comparecencia el titular de Economía.

La organización Convivencia Cívica Catalana, por su parte, ya ha interpuesto una denuncia ante el Juzgado de Guardia de Barcelona por presunta malversación de caudales públicos y malversación.

En paralelo, el independentismo civil ha reactivado la Caja de Solidaridad por temor a que el Tribunal de Cuentas tumbe la fianza del Govern. Así, la ANC y Òmnium Cultural han retomado la campaña de recaudación de la hucha del secesionismo para pagar todos los costes judiciales derivados del «procés».

Diferencias entre ERC y JxCat

Las fianzas requeridas por el Tribunal de Cuentas han evidenciado de nuevo las diferencias estratégicas entre ERC y JxCat, los dos socios del Ejecutivo. Los republicanos buscaban fiar el montante a la hucha independentista que las entidades, la ANC y Òmnium Cultural, llevan promocionando y custodiando desde el 1-O. «Nuestra fuerza como movimiento independentista es la solidaridad», aseguró ayer la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta para pedir explícitamente que se retome la campaña de la Caja de Solidaridad para recaudar fondos e ir pagando fianzas, multas o abogados por causas relacionadas con el «procés». En cambio, los posconvergentes querían cargar directamente a la Generalitat el aval de los 5,4 millones. Por tanto, JxCat ha impuesto su reclamación aunque con una fórmula intermedia, con una entidad bancaria de por medio.