La semana política en Cataluña empieza con la polémica derivada del pago de 5,4 millones de euros en concepto de fianza que reclama el Tribunal de Cuentas a 34 altos cargos y exresponsables del Govern -entre ellos, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras- por los gastos destinados a promocionar el “procés” en el plano internacional entre 2011 y 2017. Un circunstancia que permite al independentismo redoblar las críticas hacia el Estado, aunque también evidencia la división existente entre JxCat y ERC. Una vez más, los dos socios del Ejecutivo no se ponen de acuerdo y discrepan en público sobre cómo afrontar el pago: los posconvergentes quieren cargar a la Generalitat el pago de 5,4 millones, mientras los republicanos recelan de esta vía.

En este contexto, la portavoz de JxCat, Elsa Artadi, ha aprovechado hoy para estrechar el cerco y redoblar la presión hacia el president Aragonès, al que exige que su Ejecutivo avale “sin fisuras” las fianzas. “El primero en responder debe ser el propio Govern de la Generalitat de Cataluña”, ha avisado en rueda de prensa tras la reunión semanal de la cúpula del partido.

Sabedor de la dificultad legal que entraña la maniobra -la Generalitat podría incurrir en delitos de malversación o prevaricación- el president Pere ARagonès (ERC) explicó este fin de semana que los servicios jurídicos del Govern están estudiando las vías que están al alcance y reconoció en una entrevista a “El Periódico” que “es difícil, porque tiene que permitir dar cobertura efectiva, no retórica”. “Buscaremos mecanismos para amparar a estas personas y proteger nuestras competencias. Tendremos que activar mecanismos de solidaridad desde la sociedad”, aseguró al respecto.

Un discurso que contrasta con el exhibido hoy por Elsa Artadi, quien no ha dudado en reclamar “un primer paso contundente y sin fisuras” para que el Ejecutivo avale los 5,4 millones de euros del Tribunal de Cuentas, a depositar antes del 21 de julio, según ha explicado. Y ha presionado con dos argumentos en uno: los afectados actuaron “en nombre y siguiendo directrices políticas del Govern de la Generalitat”; y estaban realizando “el trabajo para el que la ciudadanía los había escogido”. “Creemos que es fundamental que el Govern de la Generalitat dé un paso en la defensa de estas 34 personas porque no solo es defender a los trabajadores sino la legitimidad misma del propio Govern”, ha zanjado a renglón seguido vinculando directamente la causa con la institución.

Respuesta de Vilagrà

En paralelo, la consejera de Presidencia, la republicana Laura Vilagrà ha explicado en una entrevista en TV3 que el Govern dará a conocer su respuesta al Tribunal de Cuentas en los próximos días. “Debemos protegernos y estar a su lado [en referencia a los 34 exaltos cargos de la Generalitat]. Próximamente explicaremos la respuesta concreta”, ha insistido Vilagrà sin dar más detalles más allá de asegurar que permitirá la protección de los servidores públicos.