Esquerra y JxCat, divididos sobre cómo pagar los 5,4 millones de euros al Tribunal de Cuentas

Esquerra y JxCat mantienen posiciones diferentes sobre cómo afrontar el pago de los 5,4 millones de euros de fianza que reclama el Tribunal de Cuentas. Los republicanos apuestan por tantear a la sociedad civil para cubrir el dinero reclamado, mientras que los posconvergentes defienden endosárselo a la Generalitat, una operación que sería muy sensible porque se estarían usando fondos públicos.

Después de que algunas voces internas de JxCat defendiesen el viernes cargar a la Generalitat la fianza, el president, Pere Aragonès, ha salido hoy al paso para cerrar esa vía. En una entrevista en “El Periódico”, ha explicado que están aún estudiando las vías que están al alcance y ha reconocido que “es difícil, porque tiene que permitir dar cobertura efectiva, no retórica”. “Buscaremos mecanismos para amparar a estas personas y proteger nuestras competencias. Tendremos que activar mecanismos de solidaridad desde la sociedad”, ha afirmado, dando a entender que se aferrarán de nuevo a la iniciativa privada de la sociedad civil, como se ha hecho hasta ahora.

En este sentido, la Caja de Solidaridad, una hucha custodiada por Josep Cruanyes e impulsada por la ANC y Òmnium con dinero aportado por las bases independentista, había ido dando respuesta a todas las necesidades económicas, tanto de fianzas como multas o costes de abogados por el “procés”. Pero esta iniciativa está ya prácticamente sin fondos y es difícil que pueda disponer de ahora en adelante para alcanzar los 5,4 millones de euros porque ya se ha explotado mucho -se ha pedido mucho dinero a las bases- y el propio independentismo social está cada vez más desmovilizado y, por tanto, es menos sensible a este tipo de cuestiones.

Ante este escenario, JxCat quiere que sea la propia Generalitat quien avale a los 34 exaltos cargos de la administración catalana implicados por el Tribunal de Cuentas por haber incurrido en gastos presuntamente irregulares para promocionar el “procés” entre 2011 y 2017. Si bien, es una operación muy arriesgada porque esta causa nace precisamente por el presunto desvío (o mal uso) de fondos públicos y no se pueden resarcir con fondos públicos.

También se da la paradoja que la propia Generalitat actúa como acusación -junto a Fiscalía, Abogacía del Estado o Sociedad Civil Catalana- contra todos ellos ya que se entiende que es la parte perjudicada. “Aquí estamos ante una paradoja: unos altos cargos y funcionarios que ejercieron unas competencias que no estaban cuestionadas por ningún tribunal ni desobedecieron ningún requerimiento; la Generalitat no se siente perjudicada, pero el Tribunal dice que sí que lo está. Este procedimiento es absurdo”, ha lamentado Aragonès en la entrevista.

Los 34 implicados tienen 15 días hábiles desde el pasado 30 de junio para depositar la fianza reclamada: si no consiguen reunir el dinero suficiente, se procederá al embargo de sus bienes, que es el mayor temor que recorre a todos y ya han mostrado muchos de ellos a lo largo del “procés”.