La Audiencia de Barcelona ha acordado dejar en libertad provisional a la segunda de los ocho manifestantes encarcelados el pasado 3 de marzo por su presunta relación con la quema de un furgón policial en las protestas de apoyo a Pablo Hasél. Varios activistas, durante la manifestación del 27 de febrero en Barcelona por el encarcelamiento del rapero, prendieron fuego a una furgoneta de la Guardia Urbana situada justo en medio de La Rambla mientras uno de los agentes seguía dentro, aunque pudo salir indemne.

Los ocho -entre los que figuran seis italianos y un francés- están acusados de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, atentado a agentes de la autoridad, desórdenes públicos, daños, pertenencia a organización criminal y manifestación ilícita.

Según consta en el auto emitido, la sección décima de la Audiencia de Barcelona ha estimado el recurso de la defensa y ha acordado dejar en libertad a la joven, M.F., al entender que no presenta riesgo de fuga dado su arraigo en el país -es la única de nacionalidad española-, ni tampoco de reiteración delictiva. La joven tendrá que comparecer cada lunes ante sede judicial, tiene prohibida la salida de España, deberá entregar el pasaporte y informar de un domicilio en el que estará localizable.

Además, el tribunal considera que para mantener en prisión a la imputada -a quien los Mossos d’Esquadra vinculan con grupos anarquistas organizados para provocar disturbios en las protestas pro Hasél- es preciso consolidar los indicios que la incriminan y concretar cuál fue su participación en los hechos.

Esta es la segunda manifestante acusada de la quema del furgón a quien la justicia deja en libertad provisional: el pasado 23 de marzo la juez instructora excarceló a la detenida como presunta autora material del incendio, a raíz de un informe antropométrico que descartó que fuera la mujer que se observa en unas imágenes lanzando líquido inflamable al vehículo policial.

A raíz de los atestados aportados por los Mossos d’Esquadra, el juzgado estimó que existían “indicios suficientes” de que los imputados participaron en la quema de una furgoneta de la Guardia Urbana, con un policía dentro que tuvo que salir precipitadamente, en una protesta del pasado 27 de febrero en las Ramblas de Barcelona.

De acuerdo con los informes policiales, los detenidos fueron identificados por agentes de los Mossos que se infiltraron entre los manifestantes y detectaron a un grupo de personas -que hablaba italiano entre sí- que provocaban ataques a comercios y entidades bancarias de forma coordinada.

Entre los indicios en que los Mossos d’Esquadra se basan para atribuir a los manifestantes la pertenencia a un grupo criminal, figura que a todos ellos se les intervino un mechero de la misma marca y color. Las defensas, no obstante, argumentan que esos mecheros suelen estar en poder de muchos jóvenes, puesto que se venden junto a una marca de tabaco de liar de bajo precio.

En la operación contra los ocho manifestantes acusados de prender fuego al furgón policial, los Mossos registraron dos naves industriales ocupadas Canet de Mar y Mataró (Barcelona) en las que presuntamente residían o que frecuentaban.