Una nueva sentencia del TSJCyL da la razón ahora a UGT contra los “ilegales” recortes de Vox de 2023

Una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) a favor de UGT contra los “ilegales” recortes de Vox cuando estaba en la Junta en 2023, “cierra el círculo y remata el proceso judicial de los sindicatos de clase contra las tropelías y abusos de poder de la extrema derecha”, afirmó hoy el secretario general de los ugetistas en la Comunidad, Óscar Lobo.

El fallo declara “ilegal” el recorte de las subvenciones por representación institucional de los sindicatos aprobada por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, en 2023, cuando estaba dirigida por Mariano Veganzones, uno de los consejeros de Vox en el gobierno de coalición con el PP. El auto, tras el conocido la semana pasada a favor de CCOO en el mismo sentido, reconoce a UGT el derecho a percibir 1,23 millones de euros con su actualización al IPC, como destacó Lobo, quien trasladó su “importante grado de satisfacción” por el resultado judicial, informa Ical. “Estas dos sentencias cierran una etapa negra en Castilla y León”, afirmó.

Lobo manifestó que el TSJCyL condena a la Junta a abonar las costas, sin especificar la cuantía, pero defendió que deberían ser pagadas por Mariano Veganzones y el entonces vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, porque que fueron los que comparecieron en julio de 2022, para anunciar los recortes, “conscientes de que estaban cometiendo una ilegalidad”. “Se saltaron la ley a conciencia, con propósito e interés”, dijo. Lobo criticó asimismo la presencia este fin de semana de Santiago Abascal en Valladolid, con dos sentencias en contra de su formación, porque “deberían estar escondidos y explicar quién va a pagar las costas por su ilegalidad”.

La Junta tendrá que abonar 743.000 euros

Óscar Lobo precisó que la sentencia concreta que el sindicato tendrá que percibir 743.000 euros, porque en su día ya recibió 494.000 de una subvención directa por representación institucional incluida en los presupuestos. En este sentido, el dirigente de UGT constató que la sentencia del TSJ confirma que esas ayudas eran “legales”, algo que rechazó CCOO, quien no aceptó la cuantía en su día, por no constar como nominativas como establece la ley del Diálogo Social.

El secretario general de UGT explicó que en su momento, el 22 de mayo de 2023, pidieron a la fiscalía que aclarase si la subvención directa aprobada por Veganzones era legal o no, y estuvieron esperando respuesta siete meses, sin recibirla, para decidir asumir esa cuantía. Al respecto, recordó que “no fue entendido en algunos ámbitos de la izquierda” que aceptarán la subvención recortada, pero remarcó que la solicitaron al tiempo que mantuvieron la demanda ante el TSJ, porque se vulneraba un derecho fundamental del sindicato. Así, sentenció que no se “achantaron, ni renunciaron, ni regalaron nada a Vox” pero tampoco se iban a dar un “tiro en el pie” y que la partida quedara libre. Ahora con la sentencia, dijo, se demuestra que “era compatible y legal” la petición de la ayuda con su actuación judicial, y ahora se les abonará la diferencia. “Recibimos parte de un derecho como organización; no hay dinero envenenado ni subvenciones falsas, era legal como parte de un derecho”, insistió.

Dos años de proceso

El líder sindical criticó no obstante que este proceso les ha costado dos años de tiempo y el “menoscabo” de acometer actuaciones con esos fondos, para enfatizar que la sentencia a favor de su organización constituye “otro varapalo a todo lo que ha representado Vox en el gobierno de la Junta”, un “segundo revés judicial en menos de una semana” para los de Abascal que constituye “un triunfo de Comunidad, de los demócratas y del Diálogo Social”, que se estableció con la reforma del Estatuto de 2007, donde se definió un “modelo de convivencia, estableciendo reglas de juego y que fue aprobado por unanimidad” de las Cortes.

Lobo repasó por último el contenido de la sentencia y expresó que reconoce que los presupuestos de la Comunidad, deben incluir una subvención nominativa de representación institucional de las organizaciones más representativas, cumpliendo la ley del Diálogo Social. Además, fija su cuantía basándose en la costumbre, porque 1,2 millones, era lo que venían percibiendo y no existía justificación alguna para los recortes.