El Partido Popular (PP) defiende “blindar por ley” el servicio de paradas en el mundo rural, tras la presentación del borrador del nuevo mapa concesional del Gobierno, que prevé la eliminación de 78 paradas del transporte público por carretera en la provincia de Burgos, y que afectará a 25.000 personas, el 20 por ciento de la población rural en la provincia. Una medida que en Castilla y León se eleva a 474 paradas en 370 municipios y que para el PP supone un “problema político de importante magnitud”.

El acto público ‘Los recortes de Sánchez al transporte público en la provincia de Burgos’ organizado por el PP en la capital burgalesa, puso de relieve lo que puede suponer esta medida para Castilla y León, y en este caso para la provincia de Burgos. El evento, contó con la asistencia del portavoz del PP en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados, Héctor Palencia, y del consejero de Movilidad y Transporte de la Junta, José Luis Sanz, que indicaron la oposición del PP a esta medida.

En este sentido, Palencia indicó que el PP va a intentar que ninguna parada “se quede sin atender”, y por ello, quieren “blindar por ley" el servicio de paradas en el mundo rural, así como “blindar” que la negociación sobre este nuevo mapa de paradas se lleve a acabo en “diálogo con las comunidades autónomas y las entidades locales”. Asimismo, quieren “blindar un marco de financiación” que permita asegurar que esto continúe en el tiempo.

El diputado popular señaló además que, paralelamente a la ley de movilidad sostenible, han presentado una enmienda para que se debata en el Pleno, y que así pueda “quedar clara” la postura del PP y del resto de grupos políticos a este mapa concesional. También se ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso para “garantizar" estos puntos que defiende el PP, y se ha trasladado esta PNL en moción a todos los ayuntamientos y diputaciones para que, en cada territorio, “se posicionen ante este hachazo de la vida diaria de los españoles, castellanos y leoneses y burgaleses”.

Por su parte, el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz, recordó que desde la Junta consideran este un “problema político de primera magnitud”, especialmente en Castilla y León. “La accesibilidad, la conectividad de las zonas rurales, tiene que considerarse un problema social, y por tanto, un concepto político”, afirmó.

Asimismo, indicó así que este borrador tiene que discutirse en el ámbito político y no en una “negociación técnica como pretende el Ministerio de Transportes”. Por ello, piden que se convoque en una conferencia sectorial a todas las comunidades autónomas afectadas por este nuevo mapa, y allí discutir la financiación y el mantenimiento de este servicio público “esencial”, especialmente para aquellas zonas de España “donde el problema del reto demográfico es acuciante”.

Sanz recordó así que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco llevaba ayer en su agenda con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este tema, y fue uno de los temas “que se han emplazado para ir desarrollando en el ámbito de la negociación”. Por ello, desde la Junta esperan poder sentarse con el ministro de Transportes en “próximas fechas” para debatir acerca de ello.

El presidente provincial del PP burgalés y presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, explicó también que “cualquier ataque al transporte”, lo es también a la “línea de explotación del medio rural”. Por ello, el acto celebrado hoy en Burgos buscaba reunir a los alcaldes de la provincia, a fin de explicarles en qué consiste este proyecto del Ministerio de Transportes. “Es un tema en el que nos tenemos que posicionar y defender”, concluyó.